* El magistrado presidente indicó que son personas pobres la mayoría de los consignados. Para el mes de mayo se reducirá en un 40 por ciento el número de expedientes del sistema tradicional.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Pedro Antonio Enríquez Soto rindió un informe anual de labores ante el Congreso del Estado. Posteriormente emitió un mensaje en el auditorio Rey Nayar de la sede del Poder Judicial, donde aseguró que no existe fuerza externa o interna que trastoque la autonomía e independencia con que trabajan los funcionarios judiciales.
El apunte de Enríquez pareció una respuesta a quienes critican que el Poder Judicial está sometido a los intereses del Gobierno del Estado. Pero por el contrario, señaló que existe una relación de colaboración con el gobernador Roberto Sandoval Castañeda quien, puntualizó, ha respetado la autonomía e independencia judicial.
POBRES, LA MAYORÍA DE CONSIGNADOS
Actualmente en el estado hay unos ocho mil 500 expedientes penales, lo que representa un problema puesto que, a la vuelta de la esquina está la entrada de más y más delitos al nuevo sistema de justicia penal, los llamados juicios orales.
Frente a ello, explicó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) hay un plan para, al próximo mes de mayo, reducir el número de expedientes del sistema tradicional en un 40 por ciento. En junio debe operar el nuevo sistema al 100 por ciento.
Recordó que tan sólo el 31 de diciembre entrarán al sistema de oralidad todos los delitos conocidos como “no graves”, así como cinco delitos graves: homicidio, secuestro, narcomenudeo, extorsión y abigeato, por lo que urgió a reducir el número de expedientes penales.
En ese sentido, recordó que a prácticamente un año del inicio de la justicia oral en los municipios de Tepic, Xalisco y Santa María del Oro, han atendido 199 expedientes en cinco delitos menores, pero más de mil asuntos fueron resueltos en la FGE a través de distintas medidas de solución.
Enríquez Soto llamó a la toma de decisiones para fortalecer la Defensoría de Oficio. Y dio un dato: en el último año se tuvieron más de cuatro mil ingresos de expedientes penales en el estado, de los cuales el 67 por ciento de los detenidos señaló en su declaración preparatoria ganar menos de cinco mil pesos mensuales.
El mensaje es obvio: se trata de gente pobre y con dificultades para pagar un abogado particular, pero también sin la posibilidad de cubrir alguna fianza para recuperar la libertad. Son asuntos que, como lo apuntó y según lo planeado, deben ser solucionados para reducir de manera importante la carga de expedientes del sistema tradicional.
LA JUSTICIA FAMILIAR
De pie y guiado por imágenes que eran proyectadas en el auditorio, Enríquez advirtió que algo no está funcionando en el seno de muchas familias nayaritas, puesto que la justicia familiar en todos sus rubros es la que tiene más expedientes abiertos, por lo que urgió a la toma de políticas de protección a las familias.
Los divorcios, por ejemplo, están a la orden del día: casi el 50 por ciento de quienes se casan terminan en separación, pero no sólo eso, sino en qué forma: con fuertes disputas en la pareja y donde los hijos sufren las consecuencias.
Añadió que el lugar donde se atienden estos asuntos es común ver a niños que, en fin de semana ahí se encuentran con su papá o su mamá, y es que resulta imposible que se vean en otro lugar por lo complicado de la situación.
El mensaje del magistrado fue escuchado por los de rigor: jueces, magistrados, representantes de los poderes, abogados. Pero le añadió un toque extra: estuvieron presentes sus hijos, su esposa y su mamá.
(Enríquez Soto. Foto: Poder Judicial)