* El Ayuntamiento de Tepic ha sido condenado a cubrir millonario adeudo a Impresiones Digitales y Diseño Gráfico de Nayarit, del empresario Trini Rosas.
El Ayuntamiento de Tepic que preside Polo Domínguez González ha sido condenado a pagar cuatro millones 773 mil 761 pesos por un adeudo que la administración pasada, a cargo de Héctor González Curiel “El Toro”, contrajo con la empresa Impresiones Digitales y Diseño Gráfico de Nayarit, del empresario José Trinidad Rosas Olvera, mejor conocido como Trini Rosas.
Tanto el Juzgado Segundo Mercantil como –en segunda instancia- la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvieron los expedientes 1428/2014 y 62/2015, respectivamente, pronunciándose a favor de Rosas Olvera.
Los argumentos del ayuntamiento, de presuntas irregularidades cometidas en el asunto, no han prosperado.
Llama la atención que en la primera semana de septiembre del 2014, días antes de que concluyera el gobierno de González Curiel, el citado empresario promovió a través de medios preparatorios a juicio la confesión judicial del entonces síndico municipal, el doctor Roberto Ruiz Cruz, como representante legal del ayuntamiento saliente.
La diligencia se llevó a cabo el ocho de septiembre, en la que Ruiz Cruz contestó siete preguntas. La tercera de ellas fue así:
“Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que por concepto de trabajos realizados por mi empresa a la institución de gobierno que usted representa, los mismos ascienden al día de hoy por la cantidad de: 4’773,761.91 (cuatro millones setecientos setenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos 91/100 moneda nacional)”.
Y la respuesta fue:
“Que sí es cierto, pero aclaro que desconozco el monto exacto que se ha generado hasta el día de hoy, pero que sí es cierto que existe un incumplimiento de pago por parte de mi representada”.
En el documento que dio origen a los medios preparatorios al juicio, Rosas Olvera explicó:
“Es el caso que a pesar de que dicho adeudo se ha generado a partir del inicio de gestión de la actual administración municipal, es decir, a partir del mes de septiembre de 2011 dos mil once, a la fecha sólo se han cubierto solo algunos trabajos realizados, quedando pendiente el saldo insoluto mencionado en el punto inmediato anterior (se refiere a los casi 4.8 millones de pesos), a pesar de las múltiples gestiones de cobro que de manera extrajudicial se han llevado a cabo con las autoridades competentes del ayuntamiento capitalino de esta ciudad, amén de los problemas financieros por los cuales atraviesa por lo que, ante el inminente cambio de administración de gobierno, es por lo cual mi representada se ve en la imperiosa necesidad de promover estos medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil”…
Rosas abundó que los trabajos realizados por su imprenta, motivo del adeudo, son diversos y en distintas dependencias: desde formatos para requisición de materiales, de recibos, credenciales, hojas membretadas, formatos de tránsito, volantes de salud integral, vales de resguardo, entre otras.
TERRENOS EN JACARANDAS, PARA EMBARGO
Era evidente que el tiempo les apremiaba y se cuajó, luego de la diligencia de medios preparatorios a juicio, una demanda mercantil que dio origen al expediente 1428/2014.
Por la mañana del 12 de septiembre del 2014, el síndico Ruiz Cruz fue buscado en su oficina en una diligencia de pago, embargo y emplazamiento. Ruiz no estaba. Horas más tarde, de nueva cuenta una secretaria ejecutor del Tribunal Superior de Justicia y el abogado de Rosas Olvera, Juan Antonio Echeagaray Becerra se presentaron en la oficina de la sindicatura. Fueron atendidos por la directora jurídica municipal Yazmín Arciniega, procediéndose a señalar seis terrenos para embargo y que se encuentran en el fraccionamiento Jacarandas.
El término para contestar la demanda se produjo entre los últimos días de la administración pasada y los primeros días de la actual, lo que, por lo menos, ha despertado cuestionamientos sobre si se trató de un asunto plenamente estudiado por los tiempos de cambio de gobierno.
En la contestación de la demanda, el ayuntamiento –ya con Polo Domínguez- alegó que la parte actora debía comprobar la cantidad que se le adeuda, puesto que en la referida diligencia de septiembre del 2014 el ex síndico citó desconocer la suma exacta.
El 22 de enero pasado se condenó en primera instancia al ayuntamiento a pagar esos casi 4.8 millones de pesos, sentencia que después fue confirmada por la Sala Civil.
Frente a ello, el ayuntamiento presentó un amparo que recayó en el Primer Tribunal Colegiado. Se concedió para efectos y la Sala Civil, al dar cumplimiento al fallo protector, ratificó su postura. Esta semana habría sido presentado un nuevo juicio de amparo.
(La Presidencia Municipal. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)