* Dan un año a individuo para verificar que cumpla con compensación económica para sus hijos.
* Bien por una mujer policía que, cumpliendo con su trabajo, pidió a altos funcionarios judiciales que apagaran su celular durante la audiencia.
Mucho se ha comentado que con los juicios orales se conseguirá, entre otras cosas, la pronta solución de conflictos a través de la negociación de las partes involucradas.
Ejemplo de ello es lo que sucedió este jueves en la sala de juicios orales, por la avenida Rey Nayar, durante una audiencia encabezada por la jueza Sandra Sánchez Covarrubias.
Un delito de abandono de familiares había llevado a la sala a un hombre, al que se identificará como Alberto, que durante varios meses ha dejado de aportar 500 pesos semanales para la alimentación de sus dos menores hijos, y ahí estaba, por otra parte, la mamá de los niños, narrando el cansancio de buscarlo tantas veces para que cumpla con su obligación.
En el sistema tradicional penal, ese individuo hubiera sido llevado a la cárcel y habría depositado una fianza para recuperar la libertad. En el sistema oral, lo que se busca no es tanto que el sujeto esté en prisión, sino su compromiso de no faltar con la aportación para sus hijos.
Una vez que la jueza Sánchez Covarrubias dictó el auto de vinculación a proceso, la defensa de Alberto solicitó una medida alterna para salvar la situación, algo que minutos antes de la audiencia ya había sido dialogado.
La representación de Alberto anunció el compromiso de éste para entregar 500 pesos los días miércoles de cada semana, además de que, producto de sus adeudos, el 10 de julio ofrecerá mil 750 pesos y el cinco de agosto otros dos mil pesos.
También se propuso que Alberto entregara mil pesos en ese momento.
Tanto el individuo como la mujer, mamá de los menores agraviados, aceptaron lo que fue llamado “acuerdo preparatorio”.
En ese momento, Alberto sustrajo mil pesos que recibió un secretario del juzgado e inmediatamente los entregó a la señora. La escena resulta novedosa pero ejemplifica, se insiste, la rapidez para solucionar conflictos que permite el sistema de justicia oral.
Sánchez Covarrubias dio un plazo de un año para verificar el cumplimiento de ese acuerdo por parte del individuo; si no falla, se le decretará absuelto, pero si incumple, la agencia del Ministerio Público podrá solicitar la reapertura del caso y ya no tendría derecho a otro acuerdo similar.
BIEN POR UNA POLICÍA
Previo al ingreso a la audiencia, se pidió a este reportero no grabar o tomar fotografías, tampoco ventilar la identidad de los involucrados o hacer uso del celular.
Del lado donde se desarrolló propiamente la audiencia, un policía estatal mantenía vigilancia, y del lado del público una mujer policía cumplía el encargo. Estaban presentes varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y personajes del ámbito empresarial.
Pero hubo dos momentos, prácticamente simultáneos, que merecieron la intervención de la agente estatal: el magistrado Miguel Ahumada se puso a utilizar su celular, lo mismo que Eugenio Salinas, secretario del presidente del TSJ Pedro Antonio Enríquez.
La policía, de pie y en la parte de atrás de la sala, se percató de inmediato. Amable, les pidió apagar el celular, primero a Salinas y después a Ahumada. Ambos acataron la indicación. Pero el que se vio mal fue un secretario del juzgado que inmediatamente se puso de pie y se aproximó a la policía, muy cerca del sitio de este reportero, para decirle que ambos funcionarios judiciales podían utilizar el celular.
La iniciativa del secretario no resulta saludable para las diligencias puesto que las reglas deben seguirse por igual.
Pero bien, muy bien por la policía.
(La sala oral. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)