Liberan a Jesús Francisco Domínguez y Sandra Edith Martínez

* Los ex funcionarios enfrentarán el proceso en libertad; a cada uno les fijaron 200 mil pesos de garantía, ya no los 89 millones a que asciende al probable daño al erario público.

 

Esta noche el Juzgado Primero Penal de Tepic ordenó la liberación de Jesús Francisco Domínguez Hernández y Sandra Edith Martínez Sánchez, con una garantía de 200 mil pesos cada uno y que fueron presentados en efectivo, dejando de lado lo que la semana pasada se les explicó: que podían recuperar la libertad siempre y cuando garantizaran 89 millones 473 mil 448.57 pesos, monto a que asciende el delito de peculado que se les achaca junto a otros tres ex funcionarios de la época del gobierno de Ney González Sánchez.

La decisión del juez Ramón Valdez Flores fue anunciada alrededor de las siete de la noche, luego de un prolongado debate entra los defensores particulares Mario Alberto Clemente Martínez y Humberto Avena Rivera, con el representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), en este caso el agente del Ministerio Público César Contreras Gómez. También asistieron otros funcionarios de la Fiscalía.

Tal y como ha sido informado por este reportero, a ambos se les dictó auto de formal prisión como probables responsables de los delitos de falsificación de documentos, ejercicio indebido de funciones y peculado por el citado monto de más de 89 millones de pesos.

La audiencia de este viernes, que inició a las tres de la tarde, fue producto de una petición de la defensa para que se modificara la medida cautelar; es decir, que ambos imputados continúen el juicio en libertad, y para ello fueron presentados diversos documentos para acreditar el arraigo que tendrían en la ciudad, además de que entregaron sus respectivos pasaportes como prueba de que no abandonarán el país.

Por su parte, la agencia ministerial sostenía que en ningún momento se les había negado el derecho a  recuperar la libertad, pero era necesaria la garantía del daño por el presunto desvío de recursos públicos, ello en protección de la parte ofendida.

En un momento, la defensa reclamó que la Fiscalía debía tener la obligación moral y legal de desistirse de la acción penal, mientras que, por su parte, el agente ministerial tocó un aspecto crucial, ya que la decisión del juez no tomó en cuenta alguna postura de la Unidad de Medidas Cautelares, a la que ni siquiera se le notificó, y es la encargada de analizar la situación de personas recientemente detenidas y valorar si existe riesgo de que se sustraigan de la justicia si son puestas en libertad.

Es decir, con los documentos ofrecidos por los defensores, el juez resolvió el cambio de medida cautelar pero sin tomar en cuenta a la citada Unidad de Medidas Cautelares. ¿Es posible eso?.

Por lo pronto, el caso ya sienta un precedente, pues entonces habría que cuestionar por qué hace unas semanas, conforme al nuevo sistema de justicia, a un vigilante de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) se le decretó prisión preventiva y está recluido en la penal de Tepic, si es imputado de peculado por más de 300 millones de pesos. ¿Entonces por qué él no enfrenta el juicio en libertad?.

A lo largo de la audiencia, que fue seguida por familiares de Jesús Francisco y Sandra Edith, la defensa como la agencia ministerial expresaron términos de choque, tratando de minimizar lo que la contraparte exponía.

La diligencia se efectuaba en la oficina de una secretario de acuerdos –el juez oficialmente ya está de vacaciones pero acudió por lo trascendente del caso-, pero hubo un momento en que Ramón Valdez llamó a las partes a su oficina para hablar en privado. Unos cinco minutos después salieron, continuaron hablando en un pasillo, y volvieron a encerrarse.

Pero las posturas no cambiaron. La defensa quería libres a los imputados, y la Fiscalía insistía que primero debía garantizarse el daño y que el juez no podía resolver el cambio de medida si no contaba con el dictamen de la referida Unidad.

Alrededor de las 6:30 de la tarde, el juez dio por concluido el debate y se quedó a solas con su personal. Cerraron la puerta.

Minutos después una secretario de acuerdos reveló que era aceptado el cambio de medida cautelar, de tal forma que se ordenaría la liberación de Jesús Francisco y Sandra Edith una vez cubierta la garantía de 200 mil pesos cada uno. Llamó la atención que el dinero pronto fue entregado en efectivo.

Se explicó que ambos procesados deberán presentarse a firmar los lunes de cada semana, a partir del próximo ocho de enero, durante el tiempo que dure el proceso.

En el momento que acontecieron los probables delitos, Jesús Francisco era director General de Administración, mientras que Sandra Edith, directora de Comunicación Social.

Por su parte, como se indicó ayer en Relatos Nayarit, los otros tres ex funcionarios relacionados en este caso, Florencio Román Messina, ex secretario de Administración; Alma Lorena Orozco Santos, ex directora General de Tesorería; y Víctor Manuel Flores Ruiz, ex director General de Contabilidad y Presupuesto, tramitan juicios de amparo contra la orden aprehensión. Los tres, en cuanto a su libertad se refiere, están a disposición del respectivo Juzgado de Distrito que conoce sus amparos.

Mientras la defensa particular confía que ganará de fondo el juicio, en la Fiscalía se cuestionan si realmente el juez actuó por decisión propia o si acató órdenes de superiores.

Se sospecha que metieron mano uno o más magistrados designados en la época de Ney González.

Por lo demás, cabe añadir el gusto reflejado en la cara de los familiares de Jesús Francisco y Sandra Edith al conocer la noticia. Las órdenes de libertad fueron recibidas en la penal después de las ocho de la noche.

Pasarán Navidad con sus familias.

(Imagen del Juzgado Penal en un día diverso. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit) 

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