Florencio, Alma, Víctor; se amparan ex funcionarios por miedo a ser detenidos

* El temor a una orden de aprehensión se disparó la semana pasada, al ser capturados dos funcionarios del gobierno de Ney González.

 

Por lo menos tres ex funcionarios en el gobierno de Ney González Sánchez han tramitado juicios de amparo en los últimos días, contra posibles órdenes de aprehensión.

El temor a ser detenidos se disparó con la captura, la semana pasada, de Jesús Francisco Domínguez Hernández y Sandra Edith Martínez Sánchez, quienes fueron director General de Administración y titular de la oficina de Comunicación Social, mejor conocida como jefatura de Prensa, respectivamente, y a quienes se les achacan probables delitos de peculado por más de 89 millones de pesos, falsificación de documentos y ejercicio indebido de funciones.

Florencio Román Messina, quien fue secretario de Administración y también mencionado en la trama, presentó el juicio de garantías 2443/2017 ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal en Tepic.

Por su parte, Alma Lorena Orozco Santos, ex directora General de Tesorería, tramita el número de amparo 2444/2017, en tanto que Víctor Manuel Flores Ruiz, ex director General de Contabilidad y Presupuesto, el juicio 2453/2017, ambos del Juzgado Segundo de Distrito.

Con los amparos, el Juzgado Primero Penal en que se ventila el expediente 53/2017 por los referidos delitos, ya debió haber informado al juzgado federal si Florencio, Alma Lorena y Víctor Manuel cuentan con orden de aprehensión. Otros juzgados penales igualmente fueron incluidos como autoridades responsables, lo mismo que diversas áreas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se desconoce si los amparistas, a quienes se concedió una suspensión provisional para no ser detenidos, comparecerán a rendir declaración ante el Juzgado Primero Penal.

Como ha sido documentado en este espacio, la investigación por el probable desvío de casi 90 millones de pesos fue iniciada por la Secretaría de la Contraloría en la parte inicial del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, y posteriormente se denunciaron los hechos en la Fiscalía, pero se omitió la consignación. Sin embargo, a la llegada del actual gobierno de Antonio Echevarría García se remitieron las actuaciones al Juzgado Primero Penal, que giró diversas órdenes de aprehensión.

Se trata de uno de varios asuntos contra ex funcionarios que son investigados por probables desvíos millonarios de recursos públicos.