* Un Juzgado de Distrito negó el amparo de la justicia federal a Jonathan Lora -empleado de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado y con tareas de apoyo al Ayuntamiento de Tepic- y a un policía municipal asignado como escolta.
Cinco meses después de la reclusión en el penal de Tepic de Jonathan Lora Ramírez y su escolta el policía municipal Alejandro Ignacio Nungaray López, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Penal les ha negado la protección de la justicia federal, y si bien seguramente presentarán un recurso de revisión para que el asunto sea estudiado por un Tribunal Colegiado, la estancia en la cárcel va para largo.
Lora, empleado en la oficina de Prensa del Gobierno del Estado y, por separado, con tareas de apoyo al Ayuntamiento de Tepic y quien alcanzó notoriedad en redes sociales como Facebook, la madrugada del 18 de junio participó en un incidente afuera del centro nocturno El Tapanko cuando, alcoholizado, ordenó a su escolta que disparara contra el agente de la Policía Estatal Preventiva, César Augusto de la Torre Pérez, a quien encontraron afuera del bar.
Así lo explicó el juez federal Esteban Daniel Chi Pérez, en la resolución del número de amparo 1775/2015:
“…de conformidad con el contenido de los medios de prueba, como lo estableció el juez de la causa, se pone de manifiesto contaron con el ‘animus necandi’ que se refleja en la voluntad de privar de la vida al pasivo, pues el hecho de haber gritado Jonathan Lora Ramírez y/o Jonathan Lora Rodríguez, a su escolta Alejandro Ignacio Nungaray López, ‘dispárale, mátalo, mátalo’, y ante esa orden este último sacó su arma de fuego y en diversas ocasiones disparó con su arma tipo escuadra hacia la camioneta que conducía el pasivo, es inconcuso que empleó actos idóneos que se interrumpieron no porque el agresor desistiera de ellos, sino porque la víctima huyó del lugar, e inclusive fue perseguido por su atacante”…
Ambos individuos son procesados por el delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que solicitaron que en todo caso se reclasificara el ilícito por el de disparo de arma de fuego y ataque peligroso, el cual permite la libertad bajo fianza, situación no aceptada por el juez federal toda vez que, asentó, “se colmaron los elementos que configuran el tipo penal de homicidio en grado de tentativa, pues existió intención y los disparos se dirigieron a la persona del pasivo, y si bien no se logró la finalidad fue por la evasión y el auxilio de los policías estatales, lo que actualiza la intención de privar de la vida y la tentativa, esto es, no se colmó por causas externas”.
Resuelto la semana pasada, el fallo federal también se refiere al apunte de policías estatales que se encontraban cerca y escucharon los disparos:
“…manifestaron que escucharon detonaciones por arma de fuego, motivo por el cual hicieron alto total y descendieron de la patrulla, observando que en la parte posterior venía hacia ellos un vehículo, quedando aproximadamente a tres metros de distancia y que atrás de dicho vehículo una persona portando un arma de fuego y disparando contra él, quien se identificó ante los agentes como escolta de un funcionario y llamarse Alejandro Ignacio Nungaray López.
“De igual forma, asentaron que arribó Jonathan Lora Rodríguez (sic), diciendo que era funcionario periodista del Gobierno del Estado, exigiendo que soltaran a su escolta, y que al cuestionarlo sobre los hechos aceptó haber ordenado a su escolta Alejandro Ignacio Nungaray López, que matara a César de la Torre Pérez por haberlo agredido”.
Jonathan Lora ha citado que utilizó la frase “dispárale, mátalo, mátalo” –mientras que el escolta refiere haber escuchado “tírale, tírale, mátalo”- porque creyó que el policía estatal le dispararía con su pistola.
Por su parte, César Augusto de la Torre señaló que efectuó un disparo al aire después de que Lora ordenó la agresión a su persona.
Un empleado de El Tapanko citado por el juez federal, precisó que César Augusto pretendía alejarse del lugar para evitar problemas con Lora, y que éste ordenó a su escolta disparar.
Si se presenta el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, el fallo se conocería hasta el 2016.
(Jonathan Lora)