* Seriedad absoluta en diligencia, con vigilancia de policías.
* Medidas cautelares, primordial para protección de víctimas de delitos, pero también respeto a los imputados.
Al menos en Tepic, la diferencia en el desarrollo de una audiencia judicial penal en el sistema tradicional, y el nuevo que empezó a implementarse desde mediados de diciembre del 2014, es abrumadora.
Pero la diferencia de instalaciones es infinita. Si en el área de declaraciones de los juzgados penales todos los días hay relajo: gritos –“¡por quién viene, licenciado!”, suele preguntar un encargado de reos-, o carcajadas, abrazos, risas, interrupción de diligencias, amontonamiento de personas, captación de videos y fotografías, y todo se desarrolla en diminutos espacios donde ni los acusados ni los testigos tienen donde sentarse, por el contrario en la sala del nuevo sistema de justicia impera el orden y el apercibimiento, en este caso, de una amable agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Indica: no se pueden tomar fotografías, videos y el celular debe estar apagado. Los únicos videos son los que toma el propio juzgado. Apunta que tampoco es posible realizar anotaciones en un cuaderno, pero un empleado judicial reconsidera: esto último sí, aunque añade: no deberán ventilarse nombres de los involucrados.
Hay advertencia de la policía: quien distraiga la diligencia deberá salir de la sala por las buenas.
Un arco para detectar armas se encuentra tanto en el acceso al edificio del nuevo sistema de justicia, por la avenida Rey Nayar, y uno más antes de ingresar a la sala en el segundo piso.
La ya citada policía permanece siempre de pie en el área destinada al público, mientras otro agente del lado donde están las autoridades y los involucrados en el juicio.
Hay 44 cómodos sillones para el público, aire acondicionado.
EL DESARROLLO
Seleccionada al azar para describir su desarrollo, la diligencia programada a las 11 de la mañana inició 21 minutos después puesto que ambas partes solicitaron un tiempo para dialogar.
A la indicación de un asistente de sala, todos de pie cuando ingresa la jueza Sandra Sánchez Covarrubias, llevando puesta una toga de color negro. Seriedad absoluta.
Previamente y por separado, el juez -y coordinador- Rodrigo Benítez Pérez había explicado que de los más de 60 asuntos que ha remitido la Fiscalía General del Estado (FGE), el de violencia familiar tiene el mayor porcentaje respecto a los otros delitos con que inició el nuevo sistema de justicia en los municipios de Tepic, Xalisco y Santa María del Oro: robo simple, daño en las cosas, abandono de familiares y delito de tránsito por conducir con ebriedad.
Y si, toca observar una diligencia por violencia familiar.
Una mujer, parte ofendida, es asistida por las agentes del Ministerio Público Olimpia Rodríguez Delgado y Elizabeth Dávalos Alcalá, mientras que la contraparte, hombre, es acompañado por los defensores Isabel Reyes Luis y Emanuel Lira Romero. Hay micrófonos adaptados en los escritorios.
El lenguaje es distinto al sistema tradicional: “el activo”, “el imputado”, “la pasivo”.
Una de las agentes ministeriales lee los hechos mediante los cuales pretende acreditar que el imputado sí lesionó a la agraviada.
Luego, la juez concede el uso de la voz al hombre y le habla de sus derechos, indicándole que no está obligado a declarar y que, si opta así, ello no será utilizado en su contra. Incluso, le orienta para que consulte con sus abogados.
El muchacho decide reservarse el derecho de declarar.
La agencia ministerial vuelve a tomar la palabra: se refiere a dictámenes médico y psicológico para acreditar afectación a la mujer, o el dicho de unos familiares de ésta, pero la defensa considera que son pruebas ambiguas. Por ejemplo, señala que no hay fotografías de las lesiones o que el probable daño psicológico puede deberse a una situación que la ofendida viene arrastrando de hace tiempo, no propiamente por el momento del incidente. Y respecto a los testigos, insiste que son “de oídas” y que no presenciaron los hechos.
La jueza Sánchez Covarrubias determina que las pruebas presentadas por la fiscalía son suficientes para presumir una conducta de violencia, por lo que dicta un auto de vinculación a proceso.
Son las 12:26 del mediodía. Al menos cinco cámaras de video adaptadas en el techo captan cuanto sucede en la sala. Fuera de los involucrados, nadie provoca ruido alguno. Hasta mover las hojas del cuaderno debe ser con cuidado.
En la siguiente parte de la diligencia, la agencia del Ministerio Público solicita que sean dictadas medidas cautelares a favor de la agraviada, entre otras, que el imputado comparezca al juzgado cada 15 días para evitar que pueda darse a la fuga, y que no se aproxime a la ofendida ni en su casa ni en su trabajo.
La petición fue reclamada por la defensa con el argumento de que, si el señalado estaba ahí, era prueba de que enfrentaría el asunto y no planeaba huir.
La jueza determina que el imputado no se acerque a la agraviada, pero no acudirá a firmar cada dos semanas, sino únicamente cuando sea requerido.
Sandra Sánchez Covarrubias se dirige al individuo, exhortándolo a cumplir con las medidas cautelares puesto que, si incumple, podrían ser más gravosas e incluso llevarlo a prisión.
De igual forma, la jueza concede un plazo de un mes para el cierre de la investigación, pero pide a las partes que busquen medidas alternas para dar solución al conflicto.
A lo largo de la audiencia, ambos involucrados pudieron realizar consultas en voz baja, la agraviada con la agencia ministerial, y el imputado con su defensa.
Tanto la agencia ministerial como la defensa solicitan copia del video, lo que es aceptado.
Concluida la audiencia, nuevamente todos de pie cuando la jueza se retira, y hasta entonces se permite una fotografía en el lugar.
En la sala, abogados de un despacho asistieron como una medida de aprendizaje.
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS
Para el juez Rodrigo Benítez Pérez, la unidad que revisa que se cumplan las medidas cautelares tiene una importancia relevante puesto que sus integrantes no sólo visitan a la víctima, sino que ésta cuenta con números de teléfono para alertar en cualquier momento si el imputado incumple con lo marcado.
Como caso concreto, explica que ha habido hombres que, ebrios, han escandalizado en casas de sus ex parejas a pesar de existir indicación para que no se acerquen, por lo que las medidas han tenido que recrudecerse.
Recuerda que en una ocasión se ordenó el uso de la fuerza pública para sacar a una persona de una casa, por el maltrato que daba a un familiar anciano.
Se trata, insiste, de tomar medidas de protección a favor de las víctimas y evitar riesgos, pero también se respetan los derechos de los imputados. Es así que en la sala no se permite la toma de fotografías o videos. Y es la razón por la cual, al menos en los delitos donde inició el nuevo sistema de justicia, la Fiscalía General del Estado ya no divulga fotografías de detenidos.
De acuerdo con Benítez Pérez, el sistema oral permite una mayor rapidez en los juicios, considerando, por ejemplo, que cuando haya evidencias contra el imputado, éste pueda aceptar y buscar una negociación.
Además de Rodrigo Benítez y Sandra Covarrubias, el tercer juez en funciones del nuevo sistema es Guillermo Agustín Romero Ríos.
Un dato que llama la atención es que en el edificio del Poder Judicial hay fotografías del gobernador Roberto Sandoval Castañeda. Aunque un empleado indica que las fotos se encuentran en oficinas de dependencias del Gobierno del Estado, al menos una grande y donde el gobernador mantiene abrazadas a dos niñas, se encuentra en un área de escalera.
Tres nuevas salas serán inauguradas posiblemente en junio, lo que permitirá aumentar el número de delitos en el nuevo sistema de justicia penal. El plazo para todos los estados del país vence en junio del 2016.
(La nueva sala y, también, el diminuto espacio en el sistema tradicional. Fotos: Oscar Verdín/relatosnayarit)