* El presidente municipal y el cuerpo de regidores tuvieron que ampararse contra una orden arresto por 36 horas y una multa de 20 mil pesos.
* Con el caso “Layín”, la justicia federal podría sentar precedente respecto al incumplimiento de sentencias laborales por parte de autoridades.
El presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”, está “en la tablita”: hace unos meses fue dictada en su contra una orden de arresto por 36 horas, se le impuso una multa de 20 mil pesos y, por si fuera poco, está latente la posibilidad de que se ordene su cese.
Pero lo anterior no se debe al escándalo que desató “Layín” por haberle levantado el vestido a Rosita mientras bailaban en su fiesta de cumpleaños, sino al incumplimiento de una sentencia laboral que evidentemente ha causado enojo en la justicia federal y que motivó la apertura del número de incidente 4/2015 en el Primer Tribunal Colegiado en Tepic, aunque existe la posibilidad de que el asunto sea remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que, de darse, aumentaría el riesgo de que sea cesado.
Pero Ramírez Villanueva no está solo en el lío jurídico: también ha arrastrado a la síndico municipal Armida Silvestre Juárez, al cuerpo de regidores de San Blas, e incluso a funcionarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA).
El 21 de septiembre pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo inició el número de juicio 1659/2015 a nombre de Ramírez Villanueva y regidores. Les fue concedida una suspensión provisional y así se frenó la orden de arresto por 36 horas, dictada por el Tribunal de Conciliación y que también los multó con 20 mil pesos a cada uno.
La citada suma les fue requerida como garantía de la suspensión por el juez federal, que también reveló de manera pública que el asunto de fondo tiene relación con el expediente laboral 81/2008, resuelto en definitiva a favor de una trabajadora, por despido injustificado en aquel año, y a quien debieron pagársele más de 400 mil pesos por salarios caídos y diversas prestaciones.
Según datos obtenidos, las gestiones para que se cumpliera con la sentencia laboral habrían iniciado durante el gobierno municipal de Porfirio López Lugo, pero el asunto se agudizó a la llegada de “Layín”.
El mismo Juzgado de Distrito que estudia el amparo del alcalde, conoce los antecedentes del asunto y la presión que ejerció sobre el TCA resultó determinante para que, por ejemplo, los más de 400 mil pesos ya hayan sido retirados de cuentas del Ayuntamiento de San Blas en las instituciones bancarias Banamex y Banorte.
Sin embargo, pese al retiro del efectivo mediante el congelamiento de las cuentas, anteriormente fue advertida una intención para darle largas al cumplimiento del fallo, lo que generó el incidente de no ejecución de sentencia.
Se trata de un punto en que reinciden numerosas autoridades, estatales y municipales, que buscan heredar los asuntos a los siguientes gobiernos y no cumplir con los pagos. Eso significa que el caso de “Layín” podría sentar un precedente, principalmente si es remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cabe añadir que el Ayuntamiento de San Blas interpuso, por separado, otro amparo para reclamar el congelamiento de las cuentas bancarias, con el argumento de que es improcedente porque se trata de recursos federales para la aplicación de programas en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda.
En el último año, el TCA se ha resistido a embargar cuentas de ayuntamientos cuando se trata de recursos federales, pero también ha frenado el embargo de bienes de utilidad pública como camiones de basura o maquinaria pesada, aunque anteriormente sí se hacía. En el caso de San Blas, fue por presión de la justicia federal.
Varios ayuntamientos, entre ellos Tepic, mantienen demandas de amparo en ese sentido, pero hay otros municipios que no lo han hecho por aparentes fallas en su respectivo departamento jurídico.
En un caso por separado, la semana pasada, Miguel Ángel Rúelas Miramontes mostró a este reportero documentos que acreditan que ha ganado un juicio por despido injustificado –laboraba en un programa de desarrollo social y fue cesado en 2012- al Ayuntamiento de Compostela, pero el Tribunal de Conciliación se niega a embargar las cuentas municipales, a pesar de que las autoridades no han mostrado disposición para cumplir con el fallo.
Por ello, se insiste que el caso de Hilario Ramírez Villanueva podría sentar precedente en cualquier sentido, puesto que en San Blas sí procedió el embargo bancario como última forma para hacer cumplir la sentencia laboral.
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