* Colegiado resuelve que dirección del Notariado “se abstenga de ejecutar el acto reclamado y la parte quejosa no sea privada de la función notarial.”
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
El Segundo Tribunal Colegiado en Tepic concedió una suspensión provisional al notario público Juan Antonio Echeagaray Becerra, lo que frenaría una determinación de la dirección del Notariado del Gobierno del Estado de suspenderlo del ejercicio de la función notarial dentro de un procedimiento disciplinario.
El Tribunal estudió una queja de Echeagaray después que un Juzgado de Distrito de Amparo Civil y Administrativo al admitir su demanda le negó la suspensión del acto que reclama, bajo el argumento de que de otorgarse se perjudicaría el interés general y el de la sociedad.
Entre los agravios del quejoso, y que el Colegiado determinó fundados, está el hecho de que la dirección del Notariado se basó en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Nayarit, no en la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit.
Se explica de la siguiente manera:
“… en el caso concreto, contrario a lo sostenido por la Jueza de Distrito, se estima que no se contraviene el interés social, porque del análisis preliminar del acto reclamado se advierte que surge una necesidad mayor de proteger el interés que tiene la sociedad en que las decisiones de los órganos del Estado, estén debidamente fundadas y motivadas, caso que no se cumple en el presente sumario…”
Y agrega la resolución:
“…y al realizarse un asomo a la existencia del derecho en pugna, a través de un examen preliminar y superficial, se advierte que el acto reclamado puede infringir derechos sustantivos de la parte recurrente, ya que su emisión se sustentó al parecer en una ley que no resulta aplicable al caso concreto, aunado a que al quejoso (Notario Público) se le asignó una personalidad que no le corresponde, trayendo como consecuencia la posible aplicación de la norma de manera indebida.”
Más adelante, la sentencia abunda:
“De lo transcrito, se observa que el notario público no se encuentra dentro del carácter de persona servidora pública, como lo señaló la autoridad responsable en la determinación materia del acto reclamado, y tal como alega el recurrente cuando señala, en esencia, que el Notario Público no es un servidor público y además, que fue sometido a un procedimiento disciplinario de conformidad con la Ley que rige el servicio de los funcionarios públicos y no así, el de los notarios públicos.”
Y continúa anotando:
“…al analizar el acto reclamado ponderando la apariencia del buen derecho no se advierte que se encuentre justificado de conformidad con la Ley del Notariado del Estado de Nayarit o con alguna otra disposición legal, la posible aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, para que la autoridad responsable esté facultada para suspenderlo de las funciones notariales, bajo la regulación de la aplicación de lo que posiblemente resulta una ley equívoca.”
En razón de lo anterior, se declaró fundado el recurso de queja, precisando que la autoridad responsable “se abstenga de ejecutar el acto reclamado y la parte quejosa no sea privada de la función notarial.”
La resolución fue votada de manera unánime por las magistradas Lourdes Sinaí Navarrete Larios y Luz del Carmen de la Rosa Castillo, así como el secretario de Tribunal en funciones de magistrado Édgar Alejandro Castro Ramos.
La próxima semana, el Juzgado de Distrito decidirá si concede al ex secretario General de Gobierno la suspensión definitiva contra el hecho que reclama, mientras que la audiencia constitucional para el estudio de fondo podría efectuarse en el mes de febrero.
Este viernes 23, el Juzgado de Distrito precisó haber recibido la resolución del Tribunal Colegiado, por lo que procedió a comunicarla a la dirección del Notariado para que acate la citada concesión.
Como es del conocimiento público, el procedimiento administrativo contra Echeagaray Becerra partió después que el pasado dos de diciembre fue vinculado a proceso por un juez de Control por su probable intervención en diversos delitos, a raíz de un acto notarial que es materia de investigación.
