Precisan cuándo y dónde utilizó Roberto Sandoval documento falso

* En el 2018 presentó el escrito en un amparo, y en el 2019 se hizo llegar al Juzgado Mixto de San Blas.

 

El ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda utilizó al menos dos ocasiones el documento por el que se le sigue una causa penal por probable falsificación en su modalidad de uso.

Lo anterior se desprende del juicio 543/2021 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal, a través del cual se negó a Sandoval Castañeda la protección de la justicia federal respecto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada el dos de julio en la causa 850/2020.

La semana pasada, en este espacio se adelantó esa negativa de amparo. Ahora se precisa que el cuestionado documento lleva por lo menos dos usos.

El quejoso reclamó que la medida cautelar es violatoria del derecho humano a la legalidad, a la presunción de inocencia, a la libertad y al debido proceso.

Según el fallo del Juzgado Segundo, la agencia del Ministerio Público imputó a Roberto Sandoval Castañeda, que “el veintidós de enero de dos mil diecinueve, a través de su apoderado legal de nombre Aldo Becerra Cruz, hizo uso indebido de un documento falso público y privado, identificado como el contrato provisional de compraventa de fecha seis de mayo de dos mil doce, en el que se colocaron firmas falsas de los ciudadanos (…) para asentar que estos vendían al aquí imputado, una fracción de terreno que pertenecía al lote tres del fraccionamiento de Navarrete, municipio de San Blas, en el Estado de Nayarit, que consta de 58 hectáreas en la cantidad de $4, 700,000.00 (cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), en pagos parciales, así como firmas falsas en su ratificación ante el notario público número tres de San Blas, esto el mismo día, documento apócrifo que fue aportado por su apoderado Aldo Becerra Cruz, cuando compareció en su representación ante el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Blas, Nayarit, para dar respuesta a la demanda incoada en su contra (…), dentro del expediente civil ordinario 395/2018…”

Más adelante, se explica que el documento tildado de apócrifo también fue utilizado para promover el juicio de amparo 304/2018 del Juzgado Primero de Distrito, reclamando entonces el aseguramiento de esas 58 hectáreas.

Uno de los aspectos considerados para dictar la prisión preventiva justificada es que, al pasado dos de julio, el ex gobernador ya tenía otras tres medidas similares resueltas por jueces de Control, uno del fuero federal y dos del fuero común, con sus respectivas vinculaciones a proceso.

La sentencia de negar la protección de la justicia federal, precisa:

“En consecuencia, si alguien está sujeto a un procedimiento y en éste se justifica debidamente que es indispensable la prisión preventiva, la misma debe imponerse, ya que como se dijo, el derecho fundamental de libertad personal no es absoluto pues admite modalidades y limitaciones a su ejercicio.

“Así como tampoco viola el derecho fundamental invocado, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretada en la hipótesis de que el quejoso esté siendo procesado por la comisión de un delito doloso, pues dicho pronunciamiento en forma alguna presupone de suyo una determinación de culpabilidad, ni mucho menos la imposición de una pena anticipada; sino como se dijo, únicamente limita la libertad personal…”

 

Este lunes, el periódico Reforma informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado acusación en contra del ex gobernador y solicitado una condena de 15 años de prisión y el decomiso de diversos inmuebles, entre los que estarían estas 58 hectáreas.

Con la acusación, se deduce que ya finalizó la investigación complementaria de la causa penal 6/2021 que se sigue por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, estimados en 222 millones 926 256 pesos.

Puesto que es poco probable que Sandoval Castañeda se declare culpable para buscar disminuir la pena, próximamente un juez federal celebraría la audiencia intermedia para fijar las pruebas a desahogar en juicio oral.

Pero el juicio tendría que esperar un tiempo porque el imputado mantiene un amparo en contra del auto de vinculación, mismo que aún no resuelve un Juzgado de Distrito. Es decir, aunque le sea negado, podría presentar un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

Mientras tanto, continúa recluido en la penal federal El Rincón.

El decomiso que pretende la FGR de las 58 hectáreas enfrenta también el reclamo de una pareja, que por separado busca le sean devueltas las tierras, dado que son víctimas de la falsificación.

* Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit.