“¡Clamo justicia!”, dice Pedro Antonio Enríquez en audiencia por enriquecimiento

* Debaten por validez de cateo, especialmente en casa donde vive familia de ex magistrado; Fiscalía anuncia que en juicio pedirá 14 años de prisión y reparación del daño por más de 14 millones de pesos.

 

Como si se tratara de una jugada del destino, la causa penal que se sigue al ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Pedro Antonio Enríquez Soto por el tema INFONAVIT de juicios ficticios, pareciera estar en calma, mientras en las últimas semanas ha tenido mayor movimiento el expediente 34/2021 relacionado con el probable delito de enriquecimiento ilícito.

Precisamente el miércoles 10, entre las 5:22 de la tarde y hasta después de las dos de la madrugada de este jueves, se desarrolló la audiencia intermedia ante un juez de Control en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic.

En paralelo, se ha informado en este espacio, la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentó un recurso de revisión en contra del amparo que el Juzgado Cuarto de Distrito concedió a Enríquez Soto por el tema de enriquecimiento, al determinar la inconstitucionalidad del artículo 255 del Código Penal y la grave omisión del Congreso del Estado respecto a ello. 

En la audiencia intermedia el juez valida pruebas del Ministerio Público y de la defensa para presentarse en juicio oral, pero éste deberá esperar a la resolución del Tribunal Colegiado, que estudia el mencionado recurso de revisión.

 

De la maratónica audiencia –a parte de la cual asistió este reportero- podría destacarse el debate respecto al cateo de diversos inmuebles que están a nombre del imputado o de su esposa, efectuado entre el 24 y 27 de abril del 2020, autorizado por un juez de Control el día 21 y que debía efectuarse en los siguientes cinco días.

Tras escuchar argumentos de la agencia ministerial como de la defensa, el juez precisó que anularía el cateo efectuado en un inmueble del fraccionamiento Castilla, por efectuarse poco después de las cinco de la mañana del día 27; es decir, fuera del plazo autorizado de cinco días.

Pero se puso especial debate a lo sucedido en un domicilio del fraccionamiento Bonaterra, donde vive la familia del imputado, puesto que el cateo tuvo lugar el 24 de abril y el día 26 hubo una nueva introducción de diverso personal.

Mientras la agencia ministerial defendió la diligencia como una continuación de lo iniciado el día 24, la defensa reclamó que la segunda parte fue violatoria de derechos fundamentales porque el cateo finalizó a las 16:30 horas del 24. Incluso, se asentó que la respectiva acta fue firmada, como testigos, por un hijo y una hija de Enríquez Soto, mientras que en la del día 26 los testigos fueron el citado hijo y la abogada Rocío Victoria Flores Velázquez, directora de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), quien habría estado de visita.

Al resolver ese punto, el juez determinó que el cateo en Bonaterra tendría validez sólo en lo tocante al día 24 de abril, pero no los actos de investigación con fecha 26.

Para entonces, la agencia ministerial había hecho referencia a otros inmuebles de Enríquez y su esposa ubicados en Bonaterra, la colonia Rincón de San Juan y en San Blas, que también formaron parte del cateo.

La defensa había pedido que todo el cateo fuera declarado nulo porque fue concedido por cinco días cuando debió ser un máximo de tres, se insistía.

 

Antes de que el juez resolviera sobre lo anterior, el ex magistrado vinculado a proceso hizo uso de la palabra.

Entre otras cosas, señaló que en un deber de lealtad y honestidad esperaría un reconocimiento de la agencia ministerial de que el 26 de abril hubo una violación a la intimidad de su domicilio.

“¡Intimidaron mi hogar…contaron hasta la ropa interior de mi familia señor juez!...”

Enríquez Soto señaló que incluso su esposa, que es abogada, advirtió en su momento que la segunda diligencia era ilegal.

Agregó que se cuenta con una grabación y que el suceso podría acreditar conductas delictivas en agravio de su familia, de intimidación y posible tortura psicológica.

“Después de la libertad –dijo-, el cateo es el de mayor control…¡clamo justicia!...ahí es donde vive mi familia…¿quién me va reparar el agravio a la intimidad de mi familia?...no había necesidad de todo esto…¿por qué se les dio cinco días para el cateo?, entonces les hubiera dado 15 para que entren cuando les pegue la gana…señor juez, le pido proteger mis derechos y los de mi familia…no tengo nada que esconder…”

Cabe precisar que a las audiencias no se permite el ingreso de aparatos de grabación, por lo que se hacen anotaciones en cuaderno, con el riesgo de algún error involuntario por la rapidez de las expresiones.

 

A continuación, la representación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mencionó decenas de pruebas para desahogarse en juicio oral, desde declaraciones de modificación patrimonial, avalúos de inmuebles y de carros, pagos de impuestos, por viajes, inversiones en bancos, declaración de funcionarios, entre otras.

La agencia ministerial mencionó que se solicitará la reparación del daño por un monto superior a 14 millones de pesos y se pedirá la pena máxima de 14 años de prisión, en tanto que la defensa planteó desestimar todos los medios de prueba anunciados.

Lo resuelto por el juez de Control, como él mismo lo explicó, podrá ser combatido por las partes a través de recursos, por ejemplo en lo tocante al controvertido cateo del 26 de abril, aparentemente relacionado con un inventario de cuanto se encontró en la casa de Bonaterra.

Sin embargo, cabe insistir que se llegaría a juicio oral, si fuera el caso, pero antes tendrá que conocerse la sentencia que dicte el Tribunal Colegiado sobre el amparo al que ya se hizo referencia.

Enríquez Soto tiene medida cautelar de prisión preventiva justificada, recluido en la penal federal El Rincón. Hacia allá fue trasladado al concluir la audiencia.

* Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza.