Contraloría del Estado plantea inhabilitar un año a magistrado

* Mediante un recurso de inconformidad interpuesto por Raymundo García, Contraloría confirmó sanción.

 

La Secretaría de la Contraloría estatal confirmó una resolución de inhabilitación para ocupar cargos públicos, durante un año, en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Raymundo García Chávez “Mundito”.

El fallo de la Contraloría fue dictado el reciente 16 de agosto, producto de un recurso de inconformidad planteado por García para combatir la resolución inicial del siete de enero del 2021, dentro del expediente SCG/DGL/DR/PROC-RES/001/2020.

Frente a ello, el quejoso ha presentado el juicio 1018/2021 ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo en Tepic que, de entrada, le negó la suspensión provisional en cuanto a la inhabilitación, lo que, se deduce, aumentaría la posibilidad de su separación del cargo.

Según consideración del citado órgano judicial, “(…) debe negarse la suspensión provisional, toda vez que no se cumple con el segundo de los requisitos; esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, toda vez que conceder la medida cautelar para que no se aplique al quejoso la sanción administrativa consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el periodo de un año (…), contravendría el interés de la sociedad, que tiene mayor jerarquía y debe prevalecer ante el interés particular. Lo anterior, ya que se trata de la aplicación de una sanción de inhabilitación en la que se considera que el servidor público no resulta ya idóneo para continuar en el desempeño de su cargo, por ser dicha sanción el resultado de una conducta grave contraria a la legislación propia de su nombramiento (…)

“(…) lo cual no implica que los daños y perjuicios ocasionados al peticionario con la ejecución del acto reclamado, sean irreparables pues, en todo caso, de llegarse a resolver que el acto es inconstitucional, se podrá resolver al peticionario en el goce de la garantía violada (…)”

Por el contrario, se concedió la suspensión provisional para que las autoridades se abstengan de dar registro a la sanción, por ejemplo en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN). En todo caso, tal inscripción esperará a que el asunto se resuelva de fondo.

El caso García Chávez cobra relevancia respecto a si podría ser separado del cargo a consecuencia del fallo de la Contraloría.

A principios de año trascendió que la sanción obedecía a presuntas irregularidades detectadas en cuanto a su declaración patrimonial de conclusión de cargo, de cuando Raymundo García dejó la secretaría técnica, cercano al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, y fue nombrado magistrado del TJA en la parte final de esa administración.

Cabe añadir que en los últimos años García Chávez ha sido investigado no sólo administrativamente, sino por la vía penal.

En el 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso del Estado que le retirara el fuero para llevarlo a juicio por su probable responsabilidad en diversos delitos. Sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito le concedió una suspensión definitiva, la cual le permitió mantenerse en el cargo.

El reciente mes de abril, se informó en este espacio, el Segundo Tribunal Colegiado resolvió negarle tal  suspensión, lo que permite a la Cámara de Diputados pronunciarse sobre la petición de desafuero.

Sin embargo, a la fecha no se ha hecho.

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