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Vinculan a 2 ex magistrados; Fiscalía contabiliza 53 millones en sobornos a funcionarios judiciales

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* Pedro Antonio Enríquez, Jorge Ramón Marmolejo y el juez Baldomero Zamora, comparecieron a audiencia por el caso INFONAVIT-Poder Judicial; los jueces suspendidos Braulio Meza, Mario Alberto Cervera y Justino Rodríguez no se presentaron.

 

Esta madrugada de jueves, el juez de control José Manuel González Zepeda dictó auto de vinculación a proceso en contra del ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Pedro Antonio Enríquez Soto por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico.

Enríquez Soto no fue vinculado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, y el de custodia de documentos como también lo solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por su parte, el magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, actualmente suspendido de sus funciones, fue vinculado por los mismos delitos que Enríquez, más el de cohecho.

De igual forma, se dictaron medidas cautelares para garantizar su presencia al juicio, consistentes en una firma quincenal, una garantía económica de 15 millones de pesos cada uno –en un plazo no mayor de 15 días-, así como la prohibición de salir del estado mientras transcurre el juicio, dentro de la causa penal 809/2019 por el escandaloso caso INFONAVIT-Poder Judicial, respecto a miles de juicios simulados en los juzgados de Xalisco, Compostela y dos más de Bahía de Banderas.

Ambos personajes comparecieron, previa citación judicial, a una audiencia programada a las ocho de la mañana del miércoles y que concluyó a las 4:48 de la madrugada de este jueves, contando con varios recesos.

La presentación voluntaria fue determinante para que la Fiscalía General no solicitara la medida cautelar de prisión preventiva.

En el mismo sentido compareció el juez suspendido Baldomero Zamora Rodríguez, cuya audiencia sobre el auto de vinculación, a petición suya, se resolverá el próximo lunes. En su caso tendrá que presentarse a firma cada semana, garantizar cinco millones de pesos en máximo 10 días, y no salir del estado.

Los tres se reservaron el derecho de emitir declaración.

Por el contrario, no comparecieron los jueces suspendidos Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López y Justino Rodríguez Barajas, a quienes podría girárseles órdenes de aprehensión.

Según se anunció, en el caso de Cervera hizo llegar un justificante de un cardiólogo que sugería reposo durante cinco días, sin embargo la Fiscalía entrevistó al médico y éste habría revelado que en realidad quien fue a verlo fue un hermano de Mario Alberto, lo que la agencia ministerial consideró una actitud dolosa.

 

- ¡Rodrigo!

- ¡Pedro!

Faltaban cinco minutos para las ocho de la mañana y, en uno de los pasillos de las salas de juicios orales, Pedro Antonio Enríquez saludó de mano a quien es su principal crítico: Rodrigo González Barrios, dirigente de la autonombrada Comisión de la Verdad.

- No hay nada personal contra él –diría más tarde González.

Un poco atrás arribó Marmolejo y, luego, Zamora.

Aunque con defensas particulares separadas, a lo largo de la maratónica audiencia se advirtió algún trabajo en común entre los abogados de los ex magistrados, en especial porque, tras la formulación de imputación y la revelación de la Fiscalía de los datos de prueba, ambos solicitaron que en ese momento se dictara resolución sobre la vinculación a proceso, contrario a la petición de Baldomero Zamora.

Por la Fiscalía se presentaron a la audiencia cuatro agentes ministeriales y tres asistentes, mientras que Marmolejo fue acompañado de dos abogados, Enríquez por cuatro, y Zamora por dos.

De los datos anunciados por la agencia del Ministerio Público, no se advirtió nada parecido a una negociación política, sino todo lo contrario: por ejemplo, se señaló, de acuerdo con anotaciones en agendas encontradas en inmuebles cateados en diciembre pasado por avenida Juárez en el centro de Tepic, que el despacho Rosales Badillo llevaba un orden de gastos, mencionado como “lista de raya”, con números impresionantes: más de 53 millones de pesos habrían sido entregados a funcionarios del Poder Judicial del Estado entre los años 2013 a 2018, y al menos 25 millones de esos llegaron a manos del magistrado Marmolejo Coronado. De Zamora se habló de 800 mil pesos, mientras que Enríquez Soto no tuvo mención en ese sentido, razón por la que no se le vinculó por cohecho.

Con datos ventilados directamente sobre el magistrado Marmolejo, se mencionaron entregas de efectivo de cinco millones en diferentes fechas, cuatro millones, dos millones, tres millones, dos millones, un millón y medio, 650 mil entregados en su casa, 350 mil en el panteón de Compostela, un millón, otro millón entregado en El Estero –en aparente referencia al restaurante de ese nombre-, un millón más en uno de los despachos cateados, entre otras sumas.

Como ya lo hizo en una audiencia de otros imputados, la Fiscalía presentó en una pantalla de la sala 5 un organigrama con pequeñas fotografías – algunos espacios sin imagen- de más de 30 personas presuntamente relacionadas con estos hechos.

Entre ellos figuraría el notario público número 3 de San Blas, Antonio Humberto Herrera López,  mencionado por la Fiscalía como parte de “esta asociación delictiva”. Empleadas de la propia notaría han revelado que ahí no se realizaban las escrituras del presente asunto, sino que eran elaboradas en inmuebles que fueron cateados en Tepic.

La apuesta de la Fiscalía en contra de Enríquez Soto se centra en que el 10 de octubre del 2013 firmó un convenio con un funcionario del INFONAVIT, y que a partir del mismo se desencadenaron los juicios ficticios.

La agencia ministerial hizo alusión a la versión del juez Braulio Meza, rendida en un procedimiento administrativo –que sería del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial-, a través de la cual buscaría deslindarse del problema y, en cambio, culpar a los magistrados.

De nueva cuenta se hizo alusión a los tres millones 850 mil pesos encontrados en una caja fuerte junto a un reloj Rolex, durante los cateos, con los que, ha trascendido, se preparaba un intento de soborno sobre el magistrado presidente Ismael González Parra, que tomó posesión el pasado uno de octubre.

 

La página negra que vive el Poder Judicial de Nayarit no tiene precedente. Y esto va para muy largo.

Tan sólo se adelantó que las juezas de Xalisco y Compostela, Adriana Iliana Ibarra Ayala y María Denisse Delgado González, respectivamente, presentaron denuncias por separado debido a la situación de locura que están enfrentando.

Por ejemplo, en Xalisco recientemente se recibieron resoluciones de amparo de jueces de Distrito de Sinaloa, Hidalgo, y Tamaulipas, que ordenan dejar insubsistente lo actuado respecto a los quejosos, y reiniciar todo a partir del emplazamiento. Y es que, como se ha repetido, se simularon decenas de miles de juicios donde las personas no fueron notificadas de la demanda, sino que por mañosamente  resultaron vivir en un mismo domicilio.

El INFONAVIT ha reconocido más de 11 mil escrituras con esos antecedentes. Es decir, cualquier persona que haya sido incluida en la mañosa trama, ganaría con facilidad el amparo para que reinicie el procedimiento.

Se advierte amplia la investigación con miras a no dejar cabos sueltos. Evidentemente se busca involucrar a Enríquez a partir del convenio. Varios funcionarios judiciales de esos años han sido cuestionados por qué se ocultó el documento; es decir, en razón de qué no fue divulgado en la página de Internet del Poder Judicial. Lo singular es que el convenio apareció cuando el hoy ex magistrado –que recientemente renunció- ya no era presidente.

La defensa de Enríquez y Marmolejo ya marcaron su ruta, buscando desmarcarse de lo sucedido en los cuatro juzgados.

Del primero se insistió que él no contrató a despacho alguno y que no puede atribuírsele responsabilidad con la firma del referido convenio.

El abogado del ex magistrado presidente consideró que, si es que hubo, en los juzgados, “una violación al debido procedimiento, es responsabilidad de quien lo haya hecho.”

Para el caso de Marmolejo, su defensor explicó en el mismo sentido. Dijo que él no era un superior jerárquico de los cuatro jueces. Que una tarjeta de presentación del magistrado haya sido encontrada en un inmueble cateado, “no es indicio de nada”.

De igual forma, insistió que en la mencionada agenda se hayan encontrado anotaciones como “lic Jorge”, junto a sumas de dinero aparentemente entregadas, no significa que se trate de su cliente. O que “un kg” deba significar un millón de pesos como lo considera la Fiscalía.

La Fiscalía ha explicado que en la agenda se asienta que cuando los funcionarios recibían sobornos, inmediatamente después enviaban mensajes a un directivo del despacho para confirmarle que recibieron el dinero.

En la agenda se contabilizarían un total de 69 millones 825 mil pesos como gastos totales del despacho, pero se desconoce si incluyen sobornos a funcionarios de otras dependencias.

 

Especialmente los nombres de Pedro Antonio y Jorge Ramón fueron repetidos unas 200 veces durante la audiencia; los tantos datos anunciados por la Fiscalía llevaron horas y horas, y provocaban sueño, durante este miércoles. Era como un arrullo.

En todo momento, la sala 5 estuvo en cupo importante: lleno, a medias, o vuelto a casi llenar.

Hacia las nueve de la noche se anunciaron las medidas cautelares respecto a Baldomero, quien posteriormente cambió de lugar, ahora en el público, junto a sus abogados. Y se quedaron hasta el final.

La Fiscalía ha dado seguimiento a quienes asisten a las audiencias puesto que, se dijo, han acudido personajes cercanos a otros imputados.

Minutos antes de las 12 de la noche, el juez González Zepeda anunció un receso de hora y media para analizar sus anotaciones, previo a dictar la vinculación a proceso.

A la 1:30 de la madrugada, funcionarios judiciales anunciaron que nadie ingresaría a la sala con celular, ni siquiera apagado, como se pide, a diferencia de horas previas. Trascendió que durante el día alguien del público había grabado parte de la audiencia. Puesto que las salas cuentan con un sistema de audio y video, se estaría analizando el comportamiento de los asistentes.

Y si para entonces se suponía que ya no habría recesos, se presentó una falla técnica en dos ocasiones: los aparatos no estaban grabando el sonido, por lo que el juez tuvo que anunciar recesos de entre 10 y 15 minutos. Y pues no le quedaba de otra más que sonreír.

La audiencia se acercaba a su conclusión.

El cansancio era notable en todos.

Se decidió un plazo de cierre de investigación de tres meses.

A las 4:48 de la madrugada se dio el martillazo que puso fin a la audiencia.

* De favor se pide a otros medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit. 

 

  

 

 

 

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