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Mar, Abr

La funcionaria judicial detenida conmueve por su libertad: “¡por favor, ayúdeme, tengo un niño…!”

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* Presentan en audiencia fotos de los hasta ahora 30 implicados en caso INFONAVIT-Poder Judicial; los dos magistrados suspendidos encabezan la lista.

 

“Vamos a dar inicio a la grabación”, se escucha a una joven asistente de la sala 1 de juicios orales en Tepic, a las 6:50 de la noche de este viernes 15.

La frase pareciera corresponder al rodaje de una película que aquí sí encaja: la de esta historia de terror que vive el Poder Judicial del Estado que día a día suma más evidencia, más sospechosos e, incluso, más lágrimas a propósito del caso de miles de juicios ficticios en cuatro juzgados que se prestaron a agilizar demandas a nombre del INFONAVIT para la recuperación de casas de acreditados de diversos estados del país.

La audiencia de formulación de imputación en el expediente 101/2019 se produjo por la aprehensión de María del Consuelo “N” “N”, quien se desempeñaba como secretaria de acuerdos del Juzgado de Xalisco y hace dos meses fue suspendida por el Consejo de la Judicatura.

La cara de Consuelo, demacrada, su voz ronca, sus lagrimas, sus manos apretando la boca para detener el grito, sus palabras en la madrugada suplicando, rogando para que se le concediera una medida cautelar que no fuera la prisión mientras dura el juicio, sacudían:

“¡Tengo un niño de tres años, está chiquito. Por favor, se lo ruego. Yo vengo cuantas veces me citen, no me voy a ir. Ayúdeme. Tengo casi 14 años trabajando en el Tribunal, y también le ayudo a mi mamá en una tortillería!”

Consuelo llora y aprieta la frente, los labios, los dientes, la respiración. Todo el cuerpo está en tensión.

Su dolor al rojo vivo es impresionante. Lo dice su perfil izquierdo y lo confirma la cara de una mujer policía que, de pie a su espalda, hace un esfuerzo para no ponerse a llorar con ella.

Pero una decisión debe tomar el juez de control José Manuel González Zepeda “Pepe” y resuelve la prisión preventiva mientras dura el juicio.

La formulación de imputación y la solicitud para que se le vincule a proceso, presentada por agentes del  Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), es por los probables delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, delito cometido en la administración de justicia, tráfico de influencias, y fraude.

Si la Fiscalía llevó a juicio a la secretaria de acuerdos aunque rindió declaración en tres ocasiones como testigo, eso significa que van por muchos más.

Y como para no dejar dudas, cuando la representación ministerial se refirió al delito de asociación delictuosa, se mostraron en una pantalla  fotografías –aunque con una línea negra tapando los ojos- de quienes, se dijo, formaron parte de esta amplia red: los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado –ambos recientemente suspendidos por el Pleno de Magistrados-, el que fuera juez de Xalisco Braulio Meza Ahumada, y el notario público 3 de San Blas Antonio Humberto Herrera López, entre otros.

Puesto que la situación de Consuelo únicamente atañe a lo sucedido en el Juzgado de Xalisco, donde laboró, fueron pocos los datos anunciados respecto a los juzgados de Compostela y otros dos de Bahía de Banderas.

Sin embargo, a distancia en la pantalla podían contabilizarse 30 pequeñas fotografías de los hasta ahora involucrados, entre los que se encuentran más jueces y funcionarios judiciales, además de abogados de un despacho externo de cobranza del INFONAVIT, mencionado como Rosales Badillo.

CONFIRMA INFONAVIT 11 MIL ESCRITURAS

Conforme avanza la investigación, existen nuevos datos que ha ido revelando la agencia ministerial. Por ejemplo, un reciente informe del INFONAVIT en el que precisa la escrituración de 11 mil 716 bienes inmuebles recuperados, producto de juicios de los juzgados de Xalisco y Compostela, de los cuales 72 ya fueron rematados.

La Fiscalía ha estimado que el número total de estas demandas amañadas oscilarían en 60 mil. Y una y otra vez remarca que si las demandas se presentaban contra una persona, a la vuelta de los días colaban miles de nombres que resultaban vivir en una misma casa.

De igual forma, se explicó que cuando una persona presentaba algún amparo, los abogados externos de inmediato actuaban en su búsqueda, solucionando ese caso en particular para que el amparo fuera retirado.

Sin embargo, como ya se indicó en una nota anterior, existe evidencia de que el juez Meza Ahumada rindió información falsa a un Juzgado de Distrito.

Otro aspecto referido es que el INFONAVIT sí reconocería una relación de contrato con despachos externos para la tramitación de asuntos de cartera vencida, entre ellos el Rosales Badillo, pero no aceptaría que la institución realice convenios con poderes judiciales para la pronta agilización de los asuntos.

Este último punto pareciera encerrar un aspecto oscuro, puesto que ya no trabajaría en el INFONAVIT José Lorenzo Nátera, quien suscribió el famoso convenio de octubre del 2013 con el magistrado presidente Enríquez Soto. En ese aspecto, se dejó entrever que la Procuraduría General de la República (PGR) da seguimiento a la investigación sobre el convenio, pues resulta que de último momento habría aparecido en algún archivo de la institución federal, de igual forma como en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en cuyo portal de Transparencia jamás fue publicado, como tampoco en el Periódico Oficial.

Un nuevo dato revelado es el testimonio de una joven de 19 años, con domicilio en Matamoros, Tamaulipas, cuya mamá murió el 17 de octubre del 2011 y resultó ser una de las miles de demandadas en Xalisco, con fecha 12 de febrero del 2015.

En la audiencia se hizo referencia a dos inmuebles cateados en Tepic, en diciembre, lo que conduzco al hallazgo de dos fábricas para elaborar demandas falsas, avalúos, costurar expedientes, sacar copias, escriturar a nombre del notario Herrera López. Ahí trabajaban más de 40 jóvenes, en su mayoría abogados –ellos sí testigos, no imputados- que recibían un pago de mil 500 pesos semanales.

De igual forma, se mencionó el dato, ya conocido, sobre el hallazgo de tres millones 850 mil pesos y un reloj Rolex con el que, se cree, se preparaba un intento de soborno a Ismael González Parra, actual magistrado presidente, puesto que su nombre estaba escrito junto al mismo. 

Y puesto que el asunto debía centrarse lo más posible en Xalisco, se hizo alusión a una agenda de pagos que describe la entrega de un millón y medio de pesos a Braulio Meza, en diversos montos durante 2017, y “un kg” –lo que se ha interpretado como un millón- al magistrado Marmolejo, el 10 de enero del 2018.

Según la agencia ministerial, en la agenda existen anotaciones en el sentido de que los funcionarios que recibían sobornos enviaban mensajes por celular para confirmar que ya tenían el dinero.

MARLÉN, LA JUEZA CON DATOS CLAVE

Entre los múltiples datos, testimonios, anunciados por la Fiscalía, el nombre de la jueza Marlén Gómez López ha cobrado importancia por varios sentidos. En noviembre pasado, fue asignada al Juzgado de Xalisco, pero anteriormente fue la titular de la Visitaduría, identificada como funcionaria cercana al ex magistrado presidente.

En el Poder Judicial muchos creen que sería imposible que durante cinco años la Visitaduría no se hubiera dado cuenta de lo que estaba ocurriendo con esa simulación de juicios.

Lo singular es que el pasado 30 de octubre, un día antes de que tomara posesión del Juzgado de Xalisco, la llamó por teléfono el juez Braulio Meza para ponerla al tanto de los juicios del INFONAVIT. Según su testimonio citado en la audiencia, Braulio le dijo que Pedro Antonio Enríquez sabía de ese tema. Indicó que unos días después el magistrado Marmolejo también le habló, adelantándole que irían a hablar con ella unos representantes del INFONAVIT. Y así sucedió.

Se dijo sorprendida de que una abogada externa apoyara en la contestación de amparos.

Marlén Gómez puso al tanto de la situación al magistrado Ismael González Parra cuando un Juzgado de Distrito, donde se tramitó un amparo, no sólo le pidió un informe sobre el caso, sino copia del voluminoso expediente de más de 160 tomos, lo que se ha interpretado como una advertencia del juez federal de lo que estaba pasando.

Marlén pronto fue cambiada de adscripción.

ESTE TOCAR FONDO

En las sillas destinadas al público, nueve estuvieron siempre ocupadas. Un joven que con toda tranquilidad usó su celular fue sacado de inmediato por un policía.

Es de resaltar, además de familiares de Consuelo, la de dos solidarias compañeras cuya presencia ilustra lo que está sucediendo en el Poder Judicial: el silencioso reclamo a una generación de magistrados que nunca supo ponerse al nivel de los trabajadores, sino que se mantiene distante, muy arriba, acaso por la falta de una carrera judicial prácticamente de la mayoría.

Se huele que este tocar fondo, donde ya hay dos notificadores llevados a juicio –actualmente en libertad-, un abogado particular preso, y ahora una secretaria de acuerdos, representa un fuerte mensaje no sólo para quienes laboran en el Poder Judicial, sino para todos los funcionarios públicos: jamás firmar actuaciones cuando se sabe que hay algo turbio en ello.

Por lo pronto, empleados de los juzgados de oralidad revelan un reclamo al Consejo de la Judicatura, a quien solicitan que se investigue por qué dos abogados muy jóvenes fueron nombrados secretarios, hace apenas unos días, y en cambio se pasó por alto a otros con mayor antigüedad.

El juez González Zepeda dio por concluida la audiencia a las 2:07 de la madrugada de este sábado, con una jornada, para él, que inició antes de las nueve de la mañana, con otros juicios.

Mucho trabajo para la abogada y el abogado, defensores públicos, que asesoran a Consuelo, cuyo auto de vinculación a proceso se decidirá la próxima semana.

La defensa pública asumió el cargo después de que el juez validó la observación de la agencia ministerial, en el sentido de que dos abogados particulares que acompañaban a Consuelo también defienden al abogado Saulo “N” “N”, actualmente en prisión, por lo que se daría un conflicto de interés.

A las 10:01 de la noche, el juez concedió un receso a solicitud de la defensa. Consuelo necesitaba una pastilla y quería platicar con su esposo unos minutos.

González Zepeda explicó que el diálogo con su pareja sería hasta el final, pero anunció un receso para dar oportunidad a que Consuelo cenara, si así lo quería.

Consuelo volteó un instante en busca de su esposo. Su cara hablaba por si sola. Es alguien que necesita oír muchas palabras de aliento.

“Se termina grabación”, se escuchó en la madrugada a la asistente de sala.

El rodaje de esta película, va iniciando.

* NO plagies. NO se autoriza la transcripción o copiar y pegar las notas de Relatos Nayarit a otros medios de comunicación. 

 

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