Primera audiencia: probable corrupción de Roy Rubio salpica a Pepe Espinoza

* Formulan imputación contra ex titular de la Auditoría Superior y el ex administrador por probable corrupción de más de 12 millones de pesos.

* Uno de los beneficiados es hijo del ex secretario General de Gobierno y se le depositaron más de un millón de pesos; otras personas se deslindaron de la trama corrupta y reclamaron que sus nombres hayan sido mal usados.

 

 La primera audiencia por la probable corrupción del ex titular de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), Roy Rubio Salazar, y de Ernesto Alonso Rosales Ramos, ex director de Administración de la misma, provocó que se mencionara otro nombre de primer nivel del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda: el del ex secretario General de Gobierno José Trinidad –Pepe- Espinoza Vargas.

Si la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el presunto desvío de 12 millones 60 mil 589.25 pesos de la ASEN, y que fueron depositados a 13 personas que no laboraban en la institución, ahora se conoce que varias de ellas manifestaron no haber tenido conocimiento e incluso presentaron denuncia por su cuenta, para deslindarse del ilícito, sin embargo otros han guardado silencio.  Uno de ellos es José Roberto Espinoza Aguayo, mencionado como hijo de Pepe Espinoza.

Iniciada alrededor de las 10:30 de la mañana de este viernes, la audiencia de formulación de imputación en el expediente 825/2018 presagiaba una tormenta. Roy y Ernesto Alonso comparecieron previo citatorio judicial; se les imputan los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y usurpación de identidad.

El asunto es que la audiencia de inmediato enfrentó a los defensores particulares contra la agencia del Ministerio Público que representó a la Fiscalía General del Estado (FGE), puesto que, según los primeros, se estarían violando los derechos de sus defendidos ya que está pendiente de resolverse un juicio de amparo, situación no compartida por agencia ministerial que, después de un debate, solicitó al juez de control César Octavio García Torres la celebración de la audiencia “bajo mi más estricta responsabilidad”.

Como recordará el lector, hace tres meses sí se suspendió la audiencia para solicitar una explicación al Tribunal Colegiado que estudia el amparo.

García Torres anunció un dato adicional: los imputados efectivamente han presentado amparos contra órdenes de aprehensión, sin embargo, aclaró, “a nosotros no se nos ha dicho que no realicemos la audiencia”.

Salvado el punto anterior, la representación ministerial procedió a la formulación de imputación, revelando los 13 nombres a través de los cuales se depositaron los más de 12 millones de pesos entre 2014 y 2017, de acuerdo con la denuncia que en diciembre del año pasado presentó Luis Ernesto Carrillo Padilla, titular del Órgano de Control Interno de la ASEN. Igualmente, se mencionó a quienes reclamaron y denunciaron que sus nombres hayan sido mal utilizados, así como a empleados de la ASEN que conocen del probable desvío.

Y se presentó otro choque cuando el juez preguntó a los defensores si requerían alguna precisión sobre la imputación. Y vaya que si: estos cuestionaron desde cómo era que sus defendidos supuestamente cometieron los delitos o las fechas precisas de ello. La respuesta ministerial no los satisfacía, mientras que el juez intentaba mediar para que la audiencia tomara un cauce.

Hubo un momento en que la agencia ministerial y un abogado voltearon a verse:

- A ver, ¿qué quiere que le diga? –cuestionó la representante de la Fiscalía.

- ¡Pero no se moleste!

- ¡No, no estoy molesta!

El juez intervino. Consideró que se estaba dando un ejercicio inusual y les pidió conducirse con respeto. “No vamos a caer en este tipo de discusiones”.

Pero la solicitud de precisiones continuó otro rato; en ocasiones se repetía lo que ya se había dicho.

Más adelante, García Torres cuestionó a Rosales y a Rubio si tenían alguna duda sobre la imputación:

“Me quedan dudas”, respondió el primero, y luego de consultar con sus abogados, añadió: “así está bien”. Para el caso de Roy, únicamente solicitó que le precisaran qué personas, de las 13, aparentemente laboraron en su despacho particular en tiempos pasados.

Continuó entonces con la solicitud ministerial de vinculación a proceso en la que se revelaron los datos con que hasta este momento cuenta la investigación: desde la denuncia, la explicación detallada de quienes negaron cualquier vínculo con el delito y denunciaron los hechos, o la sospecha de que entre los 13 sí habría quienes se prestaron al mal uso de los recursos. En este aspecto, la agencia ministerial resaltó que uno de los beneficiados es José Roberto Espinoza Aguayo, hijo del ex secretario General de Gobierno, y para acreditarlo hizo alusión a un acta de nacimiento que obra en el expediente.

Añadió que José Roberto es uno de los beneficiados que no se presentó a declarar cuando fue citado. A su nombre fueron depositados un millón 113 mil 266.79 pesos.

La situación de una señora, también mencionada en la lista de 13, es de llamar la atención: acreditó ante la agencia ministerial que trabaja y gana dos mil 500 pesos quincenales, que enfrenta dificultades económicas, más sin embargo a su nombre se depositaron dos millones 260 mil 409.34 pesos de los que no tenía idea. Ella sospecha que se valieron de sus datos personales luego de que una de sus hijas le solicitó al ex gobernador Roberto Sandoval que la apoyara para su fiesta de 15 años. Y sí, recibió un vestido, pastel y fotografía, aunque la hoy citada, como madre, facilitó copia de su credencial de elector y de acta de nacimiento; también recibía apoyos del programa PROSA.

Un maestro de bachillerato, referido entre los 13, igualmente se deslindó de la trama corrupta, como también lo hizo una profesionista que hace años laboró en el despacho de Roy, pero negó haber cobrado alguna cantidad de la ASEN.

Otros datos anunciados por la agencia ministerial se refieren a la versión sobre los hechos de diversos funcionarios de la ASEN; es el caso de Rubén Sánchez Cervantes, jefe de Informática y a quien compete dar de alta a los empleados por cuestiones de transparencia, en el reloj chocador, o bien asignarles equipo de cómputo y mobiliario, pero negó conocer a alguno de los 13.

El contador Carlos Felipe Castro Castañeda, familiar del ex gobernador Sandoval Castañeda, es mencionado como uno de los personajes que dentro de la ASEN habría conocido la situación anómala que hoy se denuncia.

Uno más de los datos de la agencia ministerial fue sobre las declaraciones patrimoniales de Roy y Arnesto Alonso, anunciándose que en el caso del primero, algunas de ellas habrían sido sustraídas, según reveló el ex secretario de la Contraloría estatal Guillermo Lara Morán.

De igual forma fue citado que se pretendería justificar que las 13 personas fungían como asesores externos, para así defender que no necesitaban estar dadas de alta en la ASEN.

Se dijo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recientemente remitió la información sobre los movimientos bancarios realizados en las cuentas utilizadas para desviar el recurso, mismas que ya son analizadas.

Concluida la amplia revelación de los datos, el juez pidió a los imputados que, previa consulta con sus abogados, le indicaran si en ese momento resolvía el auto de vinculación o si ampliaban el plazo. Se acogieron a lo segundo y ello se efectuará la próxima semana.

En la última parte de la audiencia, se produjo un tercer enfrentamiento de las partes, a propósito de las medidas cautelares que debían imponerse. La Fiscalía solicitó la firma periódica cada 15 días y una garantía de cinco millones de pesos para cada uno. Además, en el caso de Roy, pidió la suspensión temporal del cargo puesto que, como es del dominio público, está suspendido como auditor de la ASEN por parte del Congreso del Estado.

Se conoció entonces, entre otros datos, que la Fiscalía mantiene congelada la cuenta a través de la cual se le deposita el 30 por ciento del sueldo, equivalente a 15 mil 900 pesos quincenales.

La defensa particular consideró excesiva la medida cautelar, en especial lo referente a los cinco millones de pesos, recordando que Rubio y Rosales han comparecido voluntariamente a las diligencias donde han sido requeridos. En el uso de la voz, ambos negaron cualquier intento de huir o salir del país, e incluso se dijeron dispuestos a entregar su respectivo pasaporte y visa.

Rubio Salazar hizo una narración de cuantos asuntos legales ha enfrentado en el último año, no sólo en la Fiscalía, sino en el Congreso del Estado, la ASEN o el Tribunal de Justicia Administrativa, resumiendo que hay intereses políticos en su contra.

El juez de control decidió que ambos imputados comparezcan a firmar cada 15 días mientras dura el juicio y, en cuanto a la garantía económica, solicitó a Ernesto Alonso 120 mil pesos, otorgándole un plazo de 15 días para presentarla.

Respecto a Roy, la garantía fue de 800 mil pesos, con 20 días para exhibirla. Y también lo suspendió como auditor.

La audiencia, que terminó cerca de las dos de la tarde, tuvo tres recesos.

Así, a más de un año de iniciada una fuerte pugna entre la administración entrante respecto al manejo de recursos por parte de funcionarios del gobierno anterior, Roy Rubio es, metafóricamente, un pez gordo, uno de los más cercanos al ex gobernador Roberto Sandoval.

Y parece que falta mucho por saber. En cada audiencia se pegarán con todo.

(Roy en una imagen de archivo) 

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