Se fractura el Tribunal Superior en 2 grupos de magistrados: los leales al presidente y los críticos

* La pugna tiene un origen en la forma de designación de jueces y otros funcionarios, pero se enmarca en la disputa por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que tendrá nuevo titular en el mes de septiembre.

 

Próxima la conclusión de Pedro Antonio Enríquez Soto como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fresca aún la influencia en el Poder Judicial de personajes como los ex gobernadores Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, o del ex fiscal Édgar Veytia, en los últimos meses se formaron dos grupos de magistrados, unos y posiblemente los menos manteniendo su apoyo a Pedro Antonio, mientras que la mayoría con una posición crítica a su función e, incluso, tratando de poner distancia.

En el grupo cercano al magistrado presidente continuarían Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, Raúl Gutiérrez Agüero, Jorge Marmolejo Coronado, Ana Isabel Velasco García, Rafael Pérez Cárdenas y Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, impulsados todos ellos en el 2009 por el ex gobernador Ney González.

Mientras tanto, en el grupo opositor se encontrarían Ismael González Parra, Miguel Madero Estrada, Román González Momita y Pedro Álvarez Hormaeche, llevados igualmente en el 2009, mientras que Miguel Ahumada Valenzuela, Francisco Javier Rivera Casillas, Zaira Rivera Véliz, Rocío Esther González García, Roberto Arturo Herrera López y Alfredo Becerra Anzaldo, arribaron en la administración de Roberto Sandoval.

Los casos de González Momita y Álvarez Hormaeche dividen opiniones, porque hay quienes los ubican aún con el primer grupo.

La división interna habría aumentado en los últimos meses, existiendo reclamos, por ejemplo, sobre la forma en que durante años se designaron jueces y otros altos funcionarios por la intromisión del ex fiscal Veytia, una mancha de la que el segundo grupo de magistrados se pretendería deslindar.

Dos hechos recientes han evidenciado la fractura: un fuerte discurso del gobernador Antonio Echevarría García, que calificó de “guardaespaldas” a quienes desde el Poder Judicial protegen a ex funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción, no mereció una respuesta de los 17 magistrados, sino que, por el contrario, algunos de ellos vieron con buenos ojos la crítica.

Y lo otro tiene que ver con una iniciativa de reforma que, de cuajarse en el Congreso del Estado, disminuiría el número de magistrados, pero la preparación de una posible controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ideada por el grupo leal a Enríquez Soto, no sería compartida por otros magistrados.

Al interior del Poder Judicial del Estado, a nadie escapa que esta fricción, si bien tiene un origen real sobre la forma en que se han designado a funcionarios o la difícil situación financiera que priva, también se enmarca en el liderazgo que pretenden asumir varios magistrados con miras a buscar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que Enríquez Soto dejará en septiembre próximo al cumplir un segundo periodo de cuatro años.

Los magistrados Rivera Casillas y González Parra son ubicados, dentro del Poder Judicial, como dos de los principales críticos a la gestión de Pedro Antonio.

Recientemente, el magistrado presidente habría convocado a una reunión pero el grupo opositor no asistió.

Un aspecto que cabe añadir es si desde el Gobierno del Estado se intentará influir en la designación del próximo magistrado presidente, considerando que todos los magistrados ingresaron en las dos administraciones pasadas.

Por lo pronto, a cuatro meses de darse el relevo, la fractura es evidente.

(La foto corresponde al 2014, cuando Enríquez Soto asumió el segundo periodo como presidente del TSJ y es acompañado por los demás magistrados)