Juzgado ‘tira la toalla’ por expediente de 89 millones contra ex funcionarios

* El Juzgado Primero Penal solicitó a Sala Unitaria que el expediente por probable peculado de 89 millones de pesos sea remitido a otro juez.

 

El Juzgado Primero Penal de Tepic presentó una excusa para no seguir conociendo el expediente penal que se sigue contra cinco ex funcionarios de la época del gobierno de Ney González Sánchez, como probables responsables de peculado por 89 millones 473 mil 448.57 pesos.

La petición del juez Ramón Valdez Flores fue pronunciada después de que, por separado, dos de sus secretarios de acuerdos indicaron diversas razones para no atender el expediente número 53/2017.

Según datos recogidos, la excusa tramitada ante una Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue regresada para que Valdez Flores fundamente con detalle su decisión. Si la excusa es aceptada, el expediente será remitido a otro juzgado.

En diciembre pasado, el Juzgado Primero Penal dictó auto de formal prisión contra Florencio Román Messina, ex secretario de Administración; Alma Lorena Orozco Santos, ex directora General de Tesorería; Víctor Manuel Flores Ruiz, ex director General de Contabilidad y Presupuesto; Jesús Francisco Domínguez Hernández, ex director General de Administración; y Sandra Edith Martínez Sánchez, ex directora de Comunicación Social.

Los dos últimos, como es del conocimiento público, fueron aprehendidos y recluidos en la penal de Tepic durante varios días, mientras que los otros tres comparecieron luego de tramitar juicios de amparo contra la orden de captura.

Jesús Francisco y Sandra Edith recuperaron la libertad por un cambio en la medida cautelar, puesto que inicialmente se les pedía que garantizaran, cada uno, los más de 89 millones de pesos, pero después se les fijó una suma de 200 mil pesos, por separado.

Esa situación fue reclamada por la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante un recurso de apelación que aún no se resuelve.

Sin embargo, lo anterior permite adelantar que pronto podría darse otro choque entre la FGE y la defensa particular porque ya habrían sobreseído los amparos de Florencio, Alma Lorena y Víctor Manuel y, se conoce, la representación ministerial pedirá que se les requiera para garantizar el probable daño a las finanzas estatales. Se buscaría que al menos se les fije una suma mayor a los 200 mil pesos.

En una nota de la primera semana de enero, este reportero citó que durante el término constitucional habrían existido presiones para que no se dictara auto de formal prisión al ex secretario de Administración Florencio Román. Hoy se confirma un dato adicional: el día que compareció a rendir declaración preparatoria –aparentemente el 23 de diciembre-, Román Messina habría solicitado no ingresar al Juzgado Primero Penal, sino permanecer en su vehículo, en el estacionamiento, y ahí firmar la diligencia puesto que se reservó el derecho de declarar, pero la petición fue rechazada. Tuvo que entrar.

El entorno al voluminoso expediente de 17 tomos es conocido entre los distintos juzgados y ninguno quiere recibirlo, en caso de que sea aceptada la excusa, por el evidente peso de intereses políticos y económicos que encierra.

La investigación por el probable desvío millonario se efectuó durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda pero la averiguación previa no fue consignada, sino hasta el arribo de la actual administración de Antonio Echevarría García.

Extraoficialmente se habla de numerosas operaciones con facturas falsas para simular pagos a proveedores del gobierno, que en realidad no eran tales.