* Si no procedía penalmente, Édgar Veytia cuando menos hacía sentir que sabía lo que incomodaba a otros personajes del poder.
La noche del 20 de abril del 2015, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda habría preguntado a su secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas -“Pepe”-, si era verídica una información divulgada minutos antes por este reportero: el robo de 187 mil pesos del interior de un vehículo asignado a David Yannick Alonso, asistente de Pepe, durante un cristalazo en la colonia El Tecolote, ocurrido un mes antes, la tarde del 22 de marzo.
El dinero era de Pepe y con su nombre como agraviado se siguió la indagatoria.
La nota, se aseguró posteriormente a quien esto escribe, causó molestia al gobernador pero no por el robo en si, sino por el hecho de que no había sido informado.
Lo anterior ilustra el ya poco control que tenía sobre el fiscal General de Justicia Édgar Veytia, que acumulaba información de acuerdo a sus intereses, incluidos altos funcionarios del Gobierno del Estado, y en el caso de Pepe se lo dio el chiripazo de un sujeto al quebrar el cristal y sustraer la importante suma, aunque después fue detenido.
Se describió a un Pepe Espinoza angustiado aquel 22 de marzo, solicitando al fiscal una rápida investigación.
Para el 21 de abril, Espinoza habría preguntado a Veytia por la posible fuente de la información periodística y tenía dos sospechosos: el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Pedro Antonio Enríquez Soto, y la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) Águeda Galicia Jiménez, a través de algún empleado judicial.
El día 22 de abril, el propio secretario General de Gobierno divulgó por Facebook un encuentro sin el menor cuidado que confirmaba la investigación por su cuenta: una foto en su oficina con Enríquez Soto y con Ricardo Rodríguez Valdez, titular del Juzgado Tercero Penal, precisamente donde se ventilaba el expediente por el robo. Ricardo negó cualquier relación con la nota.
Más: funcionarios de la penal de Tepic también fueron interrogados sobre el posible origen de la información, y a ello se sumaron empleados de la propia Fiscalía.
La fuente jamás sería revelada.
Sin embargo, se insiste, mientras el secretario General vivía un asunto incómodo, el fiscal acumulaba información a su conveniencia.
EL CASO RUVALCABA
Veytia, pues, se encontraba al frente de una dependencia donde accedía a información que no siempre compartía con el gobernador y a la que le sacaba el mayor provecho posible.
Tal es el caso de otro asunto: el de Carlos Ruvalcaba Quintero, quien en diciembre pasado fue designado secretario General del Congreso del Estado y contra el cual obtuvo, un mes antes, una orden de aprehensión como probable responsable del delito de robo calificado, un asunto aparentemente menor ya detallado en Relatos Nayarit respecto a un restaurante en la avenida Jacarandas.
En diciembre, días antes de su designación en el Congreso del Estado, el propio Ruvalcaba fue llamado por el fiscal, que omitió citarle o ejecutar la orden de captura, pero a partir de entonces quedó la impresión de que el joven abogado sólo era el vínculo para influir con otro personaje: el entonces dirigente estatal del PRI Juan Carlos Ríos Lara, con quien el secretario del Congreso es relacionado políticamente.
De hecho, Ríos Lara, ahora diputado local electo, habría sido quien acompañó a Ruvalcaba a la cita con Veytia.
El 30 de marzo, en entrevista con este reportero, Ruvalcaba negó cualquier relación con un robo y, por el contrario, indicó que jamás fue llamado a declarar.
Otro dato, ahora conocido, es que cuando la Fiscalía rindió un informe sobre el asunto a la Sala Constitucional Electoral, inicialmente negó que existiera la orden de aprehensión, aunque luego fue encontrada. Era parte de los casos especiales del fiscal. Es decir, si no procedía penalmente, cuando menos sacaría jugo a través de Ruvalcaba Quintero o de Ríos Lara.
ENCUBRIMIENTO A NEY Y FLORENCIO
Otra situación, en este caso de encubrimiento, se produjo en una investigación por corrupción contra el ex gobernador Ney González Sánchez, el ex secretario de Administración y Finanzas Florencio Román Messina, y el ex director de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública José Manuel Encarnación Delgadillo.
Tal y como ya ha sido informado por este reportero, la Fiscalía documentó compras ficticias por más de ocho millones de pesos en las últimas semanas del gobierno de Ney, pero sólo consignó a Encarnación Delgadillo. A los otros dos se les ha dado impunidad que, ahora trasciende, no fue de a gratis. Florencio optó por salir del estado.
Se trata de tres asuntos que ejemplifican el uso de información para acumular poder. Y de ello sabía el gobernador.
Roberto y Veytia en la imagen)
El fiscal jugó con información con Roberto, Pepe, Ney, Florencio…
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