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Debaten ministerios y defensores por delito que agravia a un niño

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* El agarrón se centró por diversas irregularidades en la carpeta de investigación, como documentos de los que no se dio copia a defensores. 

 

Una audiencia de vinculación a proceso por un caso muy delicado y que agravia a un niño, dejó constancia de que el nuevo sistema de justicia penal -los llamados juicios orales-, crecerá en la medida del debate que ofrezca la defensa. Y este miércoles lo hubo.

El asunto es que entre enero y octubre del 2015, un niño entonces de cinco años, vivió bajo el mismo techo que un hombre con el que su mamá formalizó una relación, aunque posteriormente se separaron. 

Para entonces el pequeño empezó a mostrar indicios de que arrastraba sufrimiento, hasta que el mes pasado habló de haber padecido tocamientos por aquel sujeto, ahora preso.

En la audiencia, dentro del expediente 872/2016 y que encabezó el juez Rodrigo Benítez Pérez, se describió la versión del menor en una entrevista ministerial, así como de otros familiares, de una valoración psicológica y de un dictamen pericial médico. 

Se refirió que el niño fue víctima de su entonces padrastro cuando su mamá estaba ausente.

Sin embargo, la defensa particular señaló una serie de actos que viciaban las actuaciones, una de ellas como el hecho de que el niño, en la versión ministerial fue amonestado para conducirse con verdad como si se tratara de un adulto, por lo que se solicitó la nulidad de la actuación. Otro aspecto es que no constaría la firma de la mamá autorizando la revisión de su hijo por parte de personal médico.

Frente a ello, la agencia ministerial insistió que la mamá sí estuvo presente, mientras que, durante la entrevista con el menor acudió una especialista en psicología. Dijo que en todo momento se le dio la calidez que marca el interés superior del niño.

En respuesta, la defensa particular contraatacó, insistiendo que el niño prácticamente fue amenazado al recabarse su versión, y añadió que no hay constancia de la presencia de un especialista en psicología.

Por tercera vez, intervino la representación de la Fiscalía General del Estado. Se pidió que se mostrara a los defensores los documentos que probaban la asistencia de una psicóloga, pero la defensa, a la que ya se había hecho llegar copia de la carpeta de investigación, reclamó: “no es cierto, no está la firma”.

Entonces, el juez solicitó que ambas partes se acercaran con él con sus respectivos documentos y hablaron en voz baja. Se conoció entonces que a la defensa no se le entregó la cuarta y última hoja, donde estaba la firma de la psicóloga.

En ese momento el juez ordenó que se sacara copia del documento faltante.

Y así la agencia ministerial insistió que debía dictarse vinculación a proceso, pero la defensa nuevamente expuso que la firma de esa cuarta hoja era distinta a la de las primeras tres hojas. “Es una verdadera violación”, se le escapó exclamar en voz alta a un defensor, cuando nuevamente fueron llamados a acercarse con el juez.

Benítez Pérez se tomó unos minutos para desmenuzar el asunto. 

En la sala, de las 20 butacas disponibles, 18 llegaron a estar ocupadas, aparentemente por familiares de ambas partes. Un señor fue obligado a retirarse por un policía porque aparentemente hizo comentarios inapropiados.

La mamá del niño asistió, ocupando una silla al lado de dos agentes ministeriales, una asesora particular y una representante de la Procuraduría Auxiliar de Niños, Niñas y Adolescentes. Por su parte, el imputado fue acompañado por tres abogados, dos hombres y una mujer.

El juez habló de la dificultad natural de información en los casos de probable abuso a menores, especialmente cuando ellos, por su edad, no entienden lo que está sucediendo.

Se refirió al debate entre las partes, pero añadió el punto central del caso: si el delito sucedió o no, pero además, hizo referencia a la posible falta de profesionalización durante la integración de la carpeta porque, efectivamente, un menor no puede ser apercibido al emitir una declaración, por lo que, indicó, ello es del conocimiento ministerial y más parecía una distracción al utilizar un formato inadecuado.

Benítez Pérez recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales sugiere que las entrevistas a menores sean videograbadas y que estas se incorporen a las carpetas de investigación, lo que aquí no aconteció. Así se evitaría revictimizarlos en nuevas audiencias. 

En resumen, el juez aceptó las deficiencias en la carpeta, pero no suficientes para pasar por alto la versión del niño en cuanto a lo sucedido en meses del 2015, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso.

A continuación, la agencia ministerial solicitó plazo de un mes para realizar la investigación complementaria, pero la defensa pidió dos meses y medio, y nuevamente reclamó que personal de la Fiscalía no había actuado con buena fe, con lealtad. “Hoy no hubo un debido proceso, a nosotros no se nos corrió traslado, la firma es distinta, faltó el video para no revictimizar al menor”…

El juez exhortó a la representación social para que, si no se cumplió con el deber de lealtad, eso se corrija y las futuras actuaciones sean con mayor pulcritud.

El cierre de investigación vence el 22 de agosto.

 

 

 

 

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