* A través de un comunicado, el TJA revela el primer paso de una defensa que podría durar años, mientras continúa la interrogante de cómo puede sostenerse que cometieron faltas graves en el cargo.
Una semana después de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado abrió el camino para someter a juicio político al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda y a los cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), éste divulgó un comunicado en el que básicamente precisa un dato: los magistrados del TJA no pueden ser sometidos a un juicio de esa naturaleza porque no se encuentran anotados en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, el cual cita a los funcionarios factibles de ello.
“…respetuosamente se exhorta a la XXXII Legislatura del Estado de Nayarit, a evaluar los aspectos que aquí se vierten, en aras de evitar que dicha confusión derive en afectación a la credibilidad institucional y a la autonomía inherentes a este Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit que, como se ha demostrado, se encuentra cumpliendo a cabalidad e íntegramente con las funciones que legal y constitucionalmente se tienen conferidas”, se lee en el documento firmado por el Pleno del TJA, integrado por los magistrados Jesús Ramírez de la Torre, Catalina Ruiz Ruiz y Raymundo García Chávez. Además de ello, el Congreso también tiene en la mira al magistrado supernumerario Agustín Flores Díaz.
El comunicado evidentemente representa un adelanto de la defensa que asume el TJA contra el intento de destitución, por lo que ahora cobra especial relevancia un aspecto, y no es sólo si esos magistrados pueden o no ser sometidos a juicio político, sino la interrogante de cuál fue la falta grave cometida para llegar al presente escenario.
Sí, se ha anunciado, en el caso de la magistrada Catalina Ruiz, se le reclama el otorgamiento de una suspensión contra autoridades municipales mediante la cual se instalaron cientos de comerciantes el pasado 10 de mayo en la plaza Principal de Tepic, o bien otra demanda de juicio político que involucra a los cuatro magistrados, interpuesta por un comerciante establecido que se queja, igualmente, de suspensiones a favor de ambulantes en el centro de la ciudad.
Se insiste en la pregunta y seguramente el tiempo dará la respuesta: ¿cuál es la falta grave que se cometió?, porque habría que indicar que una de las obligaciones del TJA es otorgar suspensiones a favor de ciudadanos que presentan demandas, como también lo hacen todos los días, por ejemplo, los juzgados de Distrito ante quienes se tramitan amparos.
El comunicado del citado tribunal debió haber dejado interrogantes entre los diputados, al igual que en la opinión pública. Y es que si no se acredita una falta grave –no se afirma que no la pueda haber-, entonces el juicio político estaría a la baja y en un futuro tendrían que proceder las demandas contra magistrados que otorguen suspensiones contra actos de autoridad, situación que, se insiste, ocurre todos los días.
Pero habría, además, otra situación aún no ventilada oficialmente: ¿el Ayuntamiento de Tepic combatió legalmente la suspensión ofrecida a comerciantes por el Día de las Madres?: de manera extraoficial fue citado que no, que no se interpuso algún recurso, lo que aumentaría la incertidumbre sobre el peso que tendría este juicio. Si así fuera el caso, irónicamente la responsabilidad podría recaer en la pasada administración municipal –siendo presidente David Guerrero-, por no intentar contrarrestar la citada suspensión. A manera de protesta, se colocó una manta grande en un edificio junto a la plaza, en contra de la magistrada.
De acuerdo con los datos recogidos, en el último año, con el inicio de funciones del TJA se fue dando un roce con el Ayuntamiento de Tepic por las demandas de los ambulantes que alegaron que se les pretendía retirar sin razón.
Según se ha explicado extraoficialmente, cuando el TJA ha notificado una demanda al municipio, éste generalmente ha negado el acto reclamado, por lo que las demandas sobreseen, quedando sin efecto.
Sin embargo, hasta el momento no se han emitido dictámenes sobre algún comercio ambulante que sí podría ser retirado, cuando se acredite alguna situación que lo amerite, por ejemplo el de la seguridad de los ciudadanos respecto al uso de un tanque de gas en la calle, pero para ello, se repite, se tiene que contar con expedientes técnicos emitidos por las áreas competentes, en este caso de Protección Civil. Es decir, no es sólo llegar y retirar un puesto de venta.
Con esos antecedentes, a estas alturas ya quedó claro que viene un litigio que puede durar años y en el que la Cámara de Diputados tendrá que probar la falta de los magistrados, puesto que de otra forma pondría la vara muy baja para un juicio político.
Cabe añadir que el magistrado Raymundo García - “Mundito”- fue secretario del ex gobernador Roberto Sandoval, que también lo hizo notario público –ahora con licencia- y senador de la República –es suplente de Manuel Cota Jiménez-. Y si bien se le identifica como el blanco principal de esta trama, llama la atención que no se conozca un avance en las investigaciones que lo involucrarían, junto a su ex jefe, en situaciones de enriquecimiento ilícito.
Magistrados en juicio político advierten riesgo a diputados
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