Van diputados contra 4 magistrados; lo de Roberto Sandoval, un pretexto

* La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio validez a cuatro demandas de juicio político que incluyen al ex gobernador y a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

 

El anuncio, este miércoles, de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para abrir camino y someter a juicio político al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda pareciera, en su caso, un aspecto de segunda importancia porque ya no está en el cargo, sin embargo hay otros personajes que están en la mira y cuyo posible cese sí tendría impacto: los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Catalina Ruiz Ruiz, Raymundo García Chávez, Jesús Ramírez de la Torre y Agustín Flores Díaz, este último supernumerario –una especie de relevo en caso de ausencia de los otros-.

Con la asistencia de los diputados Javier Mercado Zamora, Margarita Morán Flores e Ignacio Langarica Ávalos, y ausentes los legisladores Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda y Pedro Roberto Pérez Gómez, la Comisión de Justicia dio validez a cuatro demandas de juicio político, por lo que serán turnadas a la Comisión de Gran Jurado, que emitiría un dictamen en cuanto a la posible responsabilidad de los demandados. Es decir, este día no se decidió una resolución definitiva en el Congreso del Estado.

Los cuatro casos analizados y que tuvieron luz verde para continuar corresponden al expediente JP/CE/03/17, cuya demanda fue interpuesta por el entonces presidente municipal de Tepic David Guerrero Castellón, en contra de la magistrada Catalina Ruiz Ruiz.

De igual forma, el proceso JP/CE/O5/17 iniciado por la demanda de Levi Monts Bañuelos en contra de los cuatro magistrados administrativos.

Otro expediente es el JP/CE/06/17, tramitado por Manuel Femat Rodríguez en contra de Roberto Sandoval Castañeda y ex funcionarios como Mario Alberto Pacheco Ventura, ex secretario de Finanzas, y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex secretario de la Contraloría, entre otros.

En ese caso, hubo una explicación más amplia puesto que la demanda, referente al probable mal uso de recursos en el Fondo de Pensiones, incluyó a personajes que no podrían ser objeto de juicio político, como los líderes sindicales Águeda Galicia Jiménez, dirigente del SUTSEM, y el propio Ignacio Langarica, de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre varios más, por lo que sólo procedió en los casos de funcionarios que sí pueden ser objeto de una sanción con esas características.

Finalmente, también se ventiló la demanda JP/CE/07/17 contra Roberto Sandoval Castañeda, tramitada por Rodrigo González Barrios, Octavio Campa Bonilla, Flavia Ureña, Arturo Hermosillo, entre otros integrantes de la llamada Comisión de la Verdad, que pretenden llevar a juicio al ex gobernador por cargos como el de enriquecimiento ilícito.

La situación de Sandoval Castañeda divide opiniones: para unos ya no tiene fuero constitucional y no tiene caso someterlo a juicio político, pero otros consideran que, en su caso, tiene fuero el siguiente año a partir de dejar el cargo.

Antes de que iniciara la sesión, el diputado Leopoldo –Polo- Domínguez González explicó que de resolverse alguna responsabilidad del ex gobernador, se podría cuando menos inhabilitársele para ocupar cargos públicos.

Polo asistió a la reunión de la Comisión de Hacienda con derecho a voz, más no a voto, igual que los diputados del PRI Juan Carlos Ríos Lara y María Fernanda Belloso Cayeros.

Mientras Ríos Lara realizó algunas críticas al procedimiento, Domínguez reclamó que en un solo día la magistrada Catalina Ruiz otorgó suspensiones para que más de 300 comerciantes se instalaran en la plaza Principal de Tepic.

Como ya fue anotado líneas arriba, el caso Roberto Sandoval parece secundario puesto que debe investigarse si se enriqueció ilícitamente a través de las denuncias tramitadas en la Procuraduría General de la República (PGR) y, más recientemente, en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo más trascendente sería si el Congreso del Estado resuelve la destitución de los magistrados del TJA, pero cabe añadir que estos tienen todo el derecho a defenderse.

Otras demandas de juicio político no han sido resueltas por la Comisión de Justicia.

Por ejemplo, se conoció que la JP/CE/04/17 tramitada por David Guerrero Castellón contra el magistrado Ismael González Parra, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no fue ratificada.

Unas más son: la 08/17 de Mario Iván García Ávila contra el fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano; 09/17 de Luz María Guadalupe Navarro Zamorano contra el juez Braulio Meza Ahumada; 01/16 de Marco Antonio Rentería Velázquez e integrantes del SITEM contra Leopoldo Domínguez, María Florentina Ocegueda y otros ex funcionarios municipales de Tepic; 02/16 de María Mayela Ruiz Madrazo contra el ex fiscal Édgar Veytia; y la 01-A/17 de Salvador Castañeda O`connor contra Roberto Sandoval Castañeda.