OFS: la página negra del gobernador que también agravió a Salvador Íñiguez

* El tiempo se ajustó con precisión: mientras el ex auditor resurge como titular de Órgano Interno de Control de la UAN, el gobernador carga con un descrédito ilustrado con la derrota electoral del PRI. 

 

Teniendo como escenario el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) -ahora Auditoría Superior del Estado- el tiempo se acomodó con precisión.

A propósito del manoseo que el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda hizo en el OFS entre los meses de agosto y diciembre del 2013, primero modificando a su conveniencia la Constitución Política del Estado, luego provocando la renuncia del entonces auditor Salvador –“Chava”- Íñiguez Castillo, y después impulsando la designación de Roy Rubio Salazar, subordinado del gobernador, ahora se conocen detalles de lo sucedido esos días, en especial en torno a la situación vulnerable en que se dejó a Íñiguez Castillo quien, por cierto, el 30 de mayo fue designado titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), al mismo tiempo que la administración estatal enfrenta el descrédito, ilustrado con la caída del PRI en la elección del cuatro de junio.

El artículo 121 Bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit, reformado por el Congreso del Estado en la última semana de agosto del 2013, indica en su fracción VI algunos de los requisitos que debe cumplir el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS):

“No haber sido gobernador, magistrado, fiscal general, miembro del Consejo de la Judicatura, senador, diputado federal o local, presidente, regidor, síndico o dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en el año inmediato a la propia designación”.

En cambio, el texto modificado decía lo siguiente: “No haber sido gobernador, secretario del despacho o titular de alguna entidad paraestatal u órgano autónomo, magistrado, fiscal general, miembro del Consejo de la Judicatura, senador, diputado federal o local, presidente, regidor, síndico o tesorero municipal o dirigente del (sic) algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en el año inmediato a la propia designación”.

Como puede advertirse, al haber sido retirado la prohibición o candado a los secretarios de despacho de que cuando menos transcurriera un año desde su separación del cargo, permitió el arribo directo de Roy Rubio Salazar, que era secretario de la Contraloría estatal, es decir, subordinado del gobernador, ello en diciembre del mismo 2013.

Sin embargo, lo que siguió a la reforma legislativa fue la resistencia que mostraron algunos cabildos de los ayuntamientos para aprobarla, puesto que se requerían al menos 14 de los 20 en el estado, trascendiendo entonces fuertes presiones desde el gobierno en contra de quienes se oponían, como los casos de Tuxpan y La Yesca. 

En una conferencia de prensa, el dirigente estatal del PAN Ramón Cambero señaló que “por respeto” a la entonces presidenta municipal Emelia Villagrana López no comentaría lo que ella expresó, a propósito de las presiones que tuvo por el sentido de su voto, en contra de la reforma.

Cambero Pérez se refirió a “circunstancias tenebrosas” que ocurrieron pero que, por respeto a la presidenta municipal, no ventilaría. 

Se hablaba entonces de dos actas de Cabildo; una en contra y otra a favor, pero la segunda, indicó Cambero, redactada en una oficina del gobierno estatal.

Trascendía que el entonces fiscal Édgar Veytia había hecho sentir su rudeza.

Así, aprobada a la fuerza la reforma que, se alertó entonces, iba en contra de la transparencia y rendición de cuentas, era evidente el traje a la medida pero no se conocía cuándo sería materializado, al menos no públicamente, aunque Salvador Íñiguez deducía que sus días en el OFS habían concluido.

Iñiguez recogió la opinión de varias personas de confianza en torno al caso, parte de la cual ahora se conoce, y si bien podía presentar algún recurso legal puesto que su encargo vencía en 2015, sabía que oponerse significaría tener problemas, en especial con el fiscal Veytia.

Además, los dados ya estaban cargados en contra y ni siquiera se había opuesto Armando García Jiménez, entonces diputado presidente del Congreso del Estado, a pesar de que el cambio en el citado artículo era contrario al espíritu de transparencia y rendición de cuentas que pide el país.

De igual forma, el secretario General de Gobierno José Trinidad -“Pepe”- Espinoza Vargas se acercó en varias ocasiones con Íñiguez para tantear su sentir y hasta ofreciéndole otros cargos. 

El propio Pepe habría ventilado que el principal riesgo que veía contra la reforma era el propio Salvador Íñiguez, dado su peso por su amplia trayectoria como funcionario público, mientras que, consideraba, con los partidos de oposición el gobierno llegaría a acuerdos. “Nos están saliendo caros”, habría dicho en una ocasión para referirse al PAN.

Con esos antecedentes, en noviembre del 2013 Íñiguez Castillo presentó su informe de auditoría respecto al ejercicio 2012, y unos días después renunció.

Miguel Ángel Arce Montiel, entonces diputado por el PRD, así retrató lo sucedido, en una entrevista con este reportero: 

“La renuncia de un auditor es grave en un estado democrático y por lo menos genera suspicacias. Yo creo que le solicitaron la renuncia; ahora, el siguiente paso es ver quiénes se inscriben –para ocupar el cargo- y quién es elegido”.

El 12 de diciembre del 2013 y por mayoría de votos, el Congreso del Estado designó a Roy Rubio como nuevo auditor, por un plazo de ocho años. Durante la sesión, varios diputados de oposición abandonaron la sala a manera de protesta.

Con el sentido del voto de este cuatro de junio, en que el PRI pierde la gubernatura y el control del Congreso del Estado, se supone que esa reforma a la Constitución tendría que ser modificada para que no se presenten más nombramientos de ese tipo. 

La reforma es una página negra que heredó Roberto Sandoval junto a varios cómplices. 

Por cierto, Pepe y Roy han compartido numerosas fotografías por redes sociales en los que se llaman “hermano” o “hermanito”. 

Y por si fuera poco, Roberto Sandoval posteriormente hizo notario público a su amigo Roy Rubio.

Según documentó este reportero, el dos de agosto del 2016, Rubio Salazar obtuvo del gobernador la patente de notario suplente adscrito a la Notaría Pública número 3 de la Segunda Demarcación Territorial, con oficinas en San Blas, a propuesta del notario titular Antonio Humberto Herrera López. 

Ese trámite le permitió concursar por la notaría 3 de la Cuarta Demarcación, con oficinas en Tecuala, y que obtuvo en diciembre pasado. En estos momentos cuenta con una sociedad notarial.  

En cuanto al caso del 2013 en el OFS, una situación que ahora se conoce fueron los intentos del gobierno, a través de Espinoza Vargas, para que el auditor presentara renuncia argumentando una situación de salud o cuestiones personales, buscando evitar que se relacionara a la administración estatal.

Pero “Chava” Íñiguez se opuso: no iba a mentirle al Congreso del Estado, a su familia, y tampoco iba a mentirse a sí mismo. Era evidente que renunciaba por la presión política, que de hecho había iniciado tiempo atrás cuando le fueron impuestos varios funcionarios.

Así, el 20 de noviembre del 2013 simplemente renunció, valorando la situación de que, si se oponía, podría poner en riesgo su integridad o la de algún familiar, pero dejó constancia de que el siguiente año a partir de su retiro estaba impedido para trabajar en alguna institución estatal o municipal, por lo que debía pagársele un año por retiro. Pepe Espinoza y Armando García habrían aceptado esa remuneración, pero no se cumplió. 

Ni un cinco le fue pagado.

(Salvador Íñiguez en la UAN)